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Ecuador/Jue.4/Mar/2021

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Diego Salgado Ribadeneira

Ciudadano seguro

15 de diciembre de 2020 00:00

El primer cuerpo de policía moderno se fundó en París, Francia, durante el reinado de Luis XIV, cuando la capital francesa era seguramente la ciudad más grande de Europa y sin duda una urbe violenta y desordenada. Asimismo, París se convirtió en la Ciudad de la Luz durante el siglo XVII porque la persona que dirigía su cuerpo de policía se embarcó en un gran proyecto de iluminación de las calles para que la ciudad fuera menos peligrosa por las noches.

 

Estos antecedentes nos ayudan a comprender que, así la Ley no lo dicte explícitamente, la seguridad ciudadana es, también, responsabilidad de la autoridad municipal.

 

La policía se crea en la polis, para proteger a sus conurbanos y a sus propiedades de posibles agresores; por otro lado, el alumbrado público es una de las responsabilidades de la administración de la ciudad; y, además, en Quito, se cobra la Tasa de Seguridad Ciudadana.

 

Con estos ejemplos, existen algunos más, podemos deducir que los alcaldes y concejales, funcionarios responsables del bienestar ciudadano, sí deben y pueden intervenir en la seguridad, coordinadamente con las entidades públicas y privadas creadas para el efecto.

 

La instrucción a la ciudadanía de cómo protegerse es una razón imprescindible en la lucha contra la inseguridad ciudadana, tal cual, aprender a usar correctamente el espacio público y su cuidado. La educación ciudadana para respetar al prójimo y al ambiente es fundamental para lograr una ciudad de paz. Para lograr estos quehaceres, la autoridad local, es la más adecuada por su cercanía a la gente. En pleno siglo 21, la tecnología informática, su aplicación, se ha convertido en una herramienta ventajosa para la defensa de los ciudadanos.

 

Es conocido que uno de los factores que aportan a los altos índices de delincuencia en la urbe es la impunidad, la mayoría de los delitos no son juzgados. Recordemos que el monopolio del uso de las armas, la administración de Justicia y el sistema carcelario, son jurisdicciones exclusivas del Estado central.

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