Ecuador acaba de atravesar un proceso electoral polarizado y con un nivel de incertidumbre que, a momentos, se hacía insoportable para todos. Los resultados electorales, si bien no serán del agrado de todos los ecuatorianos, abren la puerta a la posibilidad de una nueva forma, al menos así planteada, de hacer política y gobierno, alejada de lo que han significado no solo los últimos catorce años, sino también de aquellas prácticas que se han enraizado, incluso, desde la vuelta a la democracia en los 80.
Creo que un buen gobierno no se define necesariamente por la línea política o ideológica a la que representa, sino en su respeto por la Constitución, los derechos de la ciudadanía, y la separación e independencia de poderes. Todo esto, contribuye a que el ejercicio del poder público se realice con limites adecuados, y atendiendo a la naturaleza y funciones de cada uno de los estamentos del Estado.
Es menester, por lo tanto, que las funciones que cumplen las diferentes ramas del gobierno se realicen sin que la conveniencia o el cálculo político sean los únicos lineamientos para tal gestión; el sacrificio de los principios constitucionales a cambio de la conveniencia política, es precisamente lo que progresivamente ha venido sumiendo al Ecuador en una crisis moral, institucional y jurídica, que nos costará mucho tiempo superar. En tal virtud, los funcionarios que el próximo 24 de mayo asumirán sus cargos, deben realizar un ejercicio de autoeducación y sensibilización responsable, de cara a trabajar en pro de lo que más convenga al país, y no a lo que favorece al vaivén político de momento, al caudillo o al movimiento.
Resulta igualmente necesario, que la ciudadanía asuma en igual medida su labor como máximo fiscalizador de las gestiones del nuevo gobierno. Esta práctica propia de democracias robustas y sólidas, muchas veces es mal vista en nuestra sociedad, y catalogada como “ganas de molestar”, lo cual nos inhibe, como mandantes que somos, de verificar que las promesas de campaña se materialicen en la realidad, y que quienes han sido elegidos por voto popular, encuadren sus acciones dentro del marco de las leyes, y lejos de sus convicciones, creencias o conveniencias personales. Aún sí -y especialmente cuando- los funcionarios públicos son de nuestro agrado, resulta necesario realizar un ejercicio de control y crítica permanente de su gestión, de cara precisamente, a corregir errores e impedir que en la cabeza de quienes gobiernan, el poder se les desborde.
