El escándalo de la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad ha encendido las alarmas en nuestra sociedad.

Salcedo y sus cómplices, “los pepudos”, habrían obtenido dichos carnés, con el único objeto de importar vehículos de lujo con exoneración de impuestos. No les bastó controlar las compras públicas en hospitales, querían aprovechar los beneficios.

Pero no podemos poner a todos en el mismo saco, una cosa es hacerse los sordos y ciegos para fines perversos; y otra muy distinta es sufrir una enfermedad catastrófica, las secuelas de accidentes, tratamientos médicos o trasplantes.

Es claro que la norma necesita ajustes, pero el Estado debe diseñar políticas públicas encaminadas a procurar la equiparación de oportunidades e inclusión de quienes viven una discapacidad y garantizar políticas de prevención conforme lo establece el Art. 47 de la Constitución de la República.

Es también necesario, considerar en condición de discapacidad a las personas que se encuentran en situación de trasplante y reconocer su derecho como pacientes especiales, al ser dependientes de por vida a medicamentos inmunosupresores; propuesta que fue presentada en el año 2018 y que es un reclamo permanente de pacientes y familiares.

En este sentido, organizaciones, asociaciones, colectivos conformados por personas en situación de trasplante y enfermedades catastróficas, han emitido un manifiesto público exigiendo la reforma de la Ley Orgánica de Discapacidades, del Reglamento de Emisión de Carnés y transparencia en los procesos de certificación.

Finalmente, una persona con discapacidad requiere ejercer su derecho a una atención especializada en entidades públicas y privadas, provisión de medicamentos de forma gratuita, atención psicológica permanente, garantía de su acceso al trabajo, a la vivienda, educación especializada; así como mayores oportunidades.  Los fines sociales de la ley no pueden sacrificarse por la viveza de pocos. (O)