Una institución social importante es la Universidad, de naturaleza autónoma, que le sirve para profundizar la democracia a través del ejercicio y fomento del pensamiento libre.
Solo reconociendo la esencia de la Universidad, sin cortapisas que no sean las normas jurídicas pertinentes según la especificidad de cada institución del sistema, se podrá elevar la conciencia crítica ciudadana y direccionarla en la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos.
La última década deja como saldo una autonomía universitaria menguada, porque la máxima autoridad del Estado y otras autoridades de triste recordación impusieron una visión retrógrada e interesada del tema, adoptaron políticas y regulaciones que estructuraron un aparato controlador desconociendo nuestra realidad e historia; los universitarios fueron sometidos a dinámicas tecnoburocráticas, a instrumentos pensados en otros contextos, incluso alineados en algunos casos con intereses del capital internacional que busca “funcionalizar” la vida universitaria.
Ante esto, pocas voces firmes de reclamo se expresaron. Víctima de su posición defensora de principios fue la Universidad Andina Simón Bolívar, cuando el poder la acosó con saña negando su autonomía al desconocer un proceso democrático legítimo de cambio de rector en 2015.
Ahora vivimos otro momento, las principales autoridades nacionales reconocen la verdadera naturaleza de la Universidad; a la par, la Corte Constitucional adoptó la Sentencia 140-18-SEP-CC, allí determina que el Gobierno anterior vulneró la autonomía universitaria, que una norma transitoria de la Ley Orgánica de Educación Superior que impedía a un estudiante graduado en una universidad ser máxima autoridad de la misma institución es inconstitucional por discriminatoria, que el rector elegido en 2015 en la Universidad Andina debe retomar su cargo. Este fallo histórico e inapelable reivindica derechos y reafirma la esencia de la Universidad. (O)
