América Latina es la región con el mayor número de abortos por cada 100.000 habitantes. En la mayoría de sus países, el aborto provocado está proscrito y la mujer que aborta y el médico que lo ejecuta son castigados con cárcel. La penalización del aborto no ha reducido su
número, por el contrario, ha promovido la clandestinidad del procedimiento, dando lugar a que se lo practique en condiciones de inseguridad. La consecuencia es una dramática realidad: el 8%
de la mortalidad materna es a causa de abortos inseguros.
En el mundo, el aborto clandestino, inseguro, provoca la muerte de aproximadamente 70.000 mujeres al año y produce complicaciones en más de 2 millones de mujeres. La incidencia de aborto provocado es de 36 por cada 1.000 mujeres en países en vías de desarrollo, con legislación punitiva, y de 27 por cada 1.000 mujeres en naciones desarrolladas en las que el aborto es permitido. Sin embargo, el riesgo de muerte por aborto provocado es 500 veces mayor en países en donde el aborto está prohibido. Está claro, la evidencia lo demuestra, que el penalizar el aborto no lo reduce, solo lo hace más peligroso, más mortal.
Si la sociedad actuara con lógica, analizando resultados, despenalizaría el aborto porque al hacerlo habría menos abortos y habría una dramática reducción en la muerte de mujeres. Si además de la despenalización del aborto se promoviera, abiertamente, el uso de anticonceptivos, se extendería el uso de condones. Si se estableciera un programa de educación sexual desde la escuela, no solo se reduciría significativamente el aborto provocado sino también el contagio de enfermedades de transmisión sexual. El que esto se logre requiere actuar con sentido común, sin pasiones, sin fanatismo, alejando la influencia religiosa.
La inefable Asamblea Nacional no aprobó la despenalización del aborto por violación. Los que votaron por mantener la penalización han dicho estar a favor de la vida, pero la estadística y la evidencia científica demuestran que han votado a favor de la muerte. (O)
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