Es usual que al acercarse el cierre de cada año se impulsen cambios legislativos, sobre todo se lo hace en el campo de los impuestos, a nivel del régimen nacional como del local que concierne principalmente a municipios. Y es que hablar de tributos es hacerlo respecto de los medios económicos para sostener el funcionamiento de la administración pública, pagar sueldos públicos y ejecutar lo planificado. Con seguridad a inicios de 2020 entrará en vigencia la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que ajusta elementos de diverso impacto en la gestión de impuestos como el de la renta, al valor agregado (IVA) y a los consumos especiales (ICE).
Ha trascendido que con la reforma se espera recaudar $ 600 millones más en ese año, meta que de cumplirse no alcanzará para solucionar el déficit fiscal proyectado en alrededor de $ 4.000 millones. Las reformas traen cuestiones positivas o negativas según se mire desde el punto de vista del contribuyente o del fisco, ejemplo, si bien era necesario avanzar en la tributación de la economía digital, gravar con ICE o con IVA los planes de telefonía o los servicios prestados por internet desde el exterior es delicado, porque no siempre se trata de consumos de lujo o suntuarios, pues vivimos una realidad en la que la última tecnología está al alcance de casi todos los bolsillos.
Los cambios que trae la nueva reforma tributaria son de limitado alcance respecto a lo que de una vez por todas requiere el país para superar las dificultades económicas causadas por el gobierno anterior y que obedecen antes a cuestiones estructurales que de coyuntura; pues además se requiere recuperar todo lo que se llevaron los corruptos, disminuir el gasto fiscal innecesario, mejorar la eficiencia, eficacia y dimensión del Estado, crear condiciones para la inversión, la producción y creación de empleo. El financiamiento en lo social debe optimizarse, especialmente en salud y educación. (O)
