La universidad ecuatoriana ha atravesado diversos momentos históricos. Los procesos contemporáneos arrancan en la década de 1960 cuando se inicia la masificación estudiantil y la politización ideológica, que hacia la década de 1970 ya afectaban seriamente la vida académica.
Con la Ley de Universidades y la creación del CONUEP (1982), se intentó regular a la educación superior. Pero el congreso, los sucesivos gobiernos y el desarrollo del modelo empresarial ocasionaron la proliferación de universidades privadas: en 2005 existían 66 universidades, de las cuales 40 eran privadas.
A ese proceso acompañó la fácil titularización, la generalización de carreras en administración, comercio, educación y ciencias sociales (66% del total en pregrado y 62% en postgrados) con la supremacía de los “magister” (53% de los títulos), y, sobre todo, el galopante avance de las “mediciones de calidad” (derivadas de las normas ISO), asimiladas sin crítica alguna por las universidades, que fueron sujetando las labores académicas e investigativas a controles administrativos, que se fijaron en los procesos y “productos”, convirtiendo a los alumnos en “clientes” y a los profesores en “servidores”, valorados por su “calidad” demostrable en papeles e informes.
Por esos tiempos, diversos colectivos de académicos en Europa, Norteamérica y América Latina se pronunciaron contra ese “modelo universitario neoliberal” que se volvía internacional, pero nada lograron.
Gracias al gobierno de Rafael Correa (2007-2017) se impuso una transformación necesaria y radical de la universidad ecuatoriana, que llevó al cierre de una veintena de instituciones basadas en el simple negocio, a exigir doctorados para la docencia, al fomento de la producción científica y académica indexada, la regulación de títulos y a convertir la investigación como eje universitario.
El problema, tras una década, es que no fueron cuestionadas una serie de bases provenientes de las “mediciones de calidad”. De manera que hoy el trabajo universitario está agobiado con papeles, formularios, informes, controles de procesos, evidencias, actividades de gestión y vinculación, resultados medibles, indicadores, etc., que incluso llegan a ser innecesarios. El burocratismo en los controles oficiales y el exceso de normas e instructivos, que pretenden regularlo todo (algunos exceden a la LOES y su Reglamento), han ganado demasiado terreno y están afectando el desarrollo autónomo de las universidades, su propio progreso académico y el de las investigaciones.
A pesar del incremento numérico de publicaciones indexadas, sería necesario estudiar objetivamente su significación y alcances. Los profesores ocupan un tiempo excesivo en actividades burocráticas, pero necesitan incrementar su dedicación a la lectura, la investigación y la producción de materiales académicos y científicos de peso.
Es importante la anunciada reforma a la LOES, pero es imprescindible un profundo examen del Reglamento de Régimen Académico y de la telaraña de normas que ya no están adecuadas al mejor fomento de la libertad y avance del trabajo universitario. (O)
