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El Telégrafo
Juan J. Paz y Miño C.

Historia y Revolución Ciudadana

07 de marzo de 2016 - 00:00

Como todo proceso histórico, también el gobierno de la Revolución Ciudadana (RC) será objeto de estudio de los científicos sociales del futuro.

Desde hace un par de años inicié la tarea de seguir ‘todo’ lo que se ha escrito sobre el tema en artículos y libros. Puedo asegurar que predomina el ‘calor político’ sobre la coyuntura y el corto plazo, pero no un balance académico y bien fundamentado, que visualice el amplio plazo y contextualice a la RC en el ámbito latinoamericano. No importa si se trata de escritos ‘correístas’ o de ‘anticorreístas’.

Hay textos supuestamente críticos y hasta marxistas, pero absolutamente dogmáticos. Son escasos los trabajos basados en fuentes primarias y el examen riguroso de datos. El reciclaje de teorías o autores renombrados y el uso de simples categorías que ideologizan la realidad, suplantan la falta de investigación empírica.

En todo caso, esas mismas obras y artículos existentes sobre la RC son materiales históricos a los cuales, sin duda, acudirán los investigadores del futuro.

Pero el problema que también afrontarán los científicos sociales del futuro es el de las fuentes primarias relativas a la RC. Para comprenderlo, vale una comparación: cualquier historiador o investigador social que estudie los orígenes del Estado republicano en Ecuador, la Revolución Liberal (1895) o la Revolución Juliana (1925), forzosamente tiene que acudir a archivos y bibliotecas, donde deberá examinar informes presidenciales e informes anuales de los diversos ministros de Estado; hay que rastrear la economía a través de las series estadísticas de los informes de los ministros de Hacienda o del Ministerio del Interior, que concentraban reportes sobre comercio externo, agricultura, bancos, minas, población, etc.; es necesario acudir a los registros oficiales para seguir leyes y decretos; es gigantesca la folletería y los múltiples documentos sobre obras y servicios públicos; hay que examinar los periódicos de la época y, evidentemente, libros que dejaron autores, ensayistas, analistas o escritores políticos.

En Quito o Guayaquil, y en muy pocas ciudades del país, hay buenos repositorios documentales en archivos y bibliotecas para emprender trabajos académicos sobre tiempos pasados, para dar cuenta de las obras de algún gobierno y sobre la gestión de los presidentes, las legislaturas o el Estado, en general.

¿Cuál será la memoria histórica que dejará la RC? Confiar en lo que hoy se ha colocado en internet, en archivos de computadora, power-point, CD/DVD, flash-memory y hasta video, atenta contra la necesidad de tener fuentes escritas, publicadas, que perduren en el tiempo. Por eso, en Europa o EE.UU. se regula el archivo de fuentes gubernamentales. Incluso en Europa hay una fuerte tendencia al abandono de los e-libros y los PDF.

Estoy seguro de que sin fuentes documentales escritas y archivos confiables, los historiadores del futuro, dentro de 50 años o más, tendrán serias dificultades para reconstruir el tiempo presente y asegurar la interpretación correcta de los sucesos de nuestros días. (O)

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