El vocablo público admite la siguiente definición o, por lo menos, la que más se acerca al contexto de mi observación: “perteneciente  o relativo a todo el pueblo; común del pueblo o ciudad”. Por lo tanto,  lo público  no admite diferenciación alguna, no establece categorías o divisiones. Nada que entre en la esfera de lo público es discrecional. 

Contrario es lo privado, en este caso el adjetivo denota casi como advertencia que no es para todos, existen normas o reglas que posibilitan el acceso, se deben reunir ciertas condiciones para tener derecho. Bajo esta consideración, las instituciones públicas y los servicios que están bajo su jurisdicción son prestados sin ningún obstáculo. De no contemplarse este principio, la prestación dejaría de ser pública y entraría en el campo de lo privado.

Entre otros servicios, como la educación y salud, el transporte público dirigido a satisfacer la movilidad de los ciudadanos debe realizarse con eficiencia y calidad.  La obligación de las autoridades seccionales, regionales o nacionales es velar que estas cualidades estén incorporadas permanentemente en todos, sin excepción.

En Guayaquil funcionan dos tipos de transporte colectivo: el público municipal, la “Metrosardina”,  y los buses de cooperativas privadas, ambos lesivos a la dignidad y seguridad de los guayaquileños. El Municipio no puede pretender crear un servicio económicamente diferenciado, lo que debería hacer es mejorar la “Metrosardina” actual, haciéndola confortable y funcional.

Dr. César Bravo Bermeo