Nadie debería sentirse avergonzado por la calidad de gente que llega a un cargo de elección popular, a la administración pública o como autoridades. Pocos tienen el valor de aceptar sus errores o de excusarse del cargo por no estar preparados ni tener los conocimientos para desempeñar con eficiencia y responsabilidad un puesto público, o porque hicieron arreglos con “particulares”, según lo expresó un exmandatario.

Antes era preferible no aceptar o renunciar a tiempo para dejar de hacer el ridículo o encontrarse inmersos en escándalos de corrupción; claro, esas biografías pertenecen al pasado. Algunos asambleístas, prefectos, alcaldes, ministros, cómplices y por último hasta la Vicepresidencia de la República se han visto comprometidos en graves escándalos de corrupción donde nadie acepta ni se siente responsable.

Dicen que son errores de buena fe, que no hay pruebas o que se trata de una venganza política; lo cierto es que la coima, diezmos o como quieran llamarlo van a parar en cuentas bancarias, dentro y fuera del país, por amor a la patria, al partido o a los más necesitados. Y lo dicen con angustia desde el fondo de su insensatez; por eso hemos tocado fondo.

Titulares de prensa, reportajes y entrevistas de los escándalos brotan a raudales, de una clase política desprestigiada que explora respaldos en un pueblo decepcionado donde dicen preparar las bases para un nuevo proceso electoral. No hay que ser muy astutos para entender que se pretende esconder la más grande descomposición ética y moral que recuerde el país en sus 188 años de vida republicana.

Hay que destapar la corrupción, encontrar a los culpables y a las cabezas de una larga lista de gente con serios problemas legales y de personalidad. Con este panorama, al país nada bueno le espera; una Asamblea desprestigiada, fraccionada, desorientada y sin criterio se hunde si no se depura por sí sola y deja de ser rehén del chantaje y la componenda para que pueda salir del fondo del precipicio. (O)

Rodrigo Contero Peñafiel