La participación ciudadana es el conjunto de acciones o iniciativas de las personas, para impulsar el cambio o el desarrollo local y la democracia participativa, a través de la integración de la comunidad en el ejercicio de la política, basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del Gobierno en forma independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político.

Los ciudadanos son los que generan la creación de los canales de participación ciudadana, para hacer oír su voz y modificar su entorno inmediato en forma conjunta, y crear redes sociales para establecer un diálogo que pueda dar lugar a otras iniciativas, aparte de las existentes.

Según la Constitución de la República, la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria (Art. 95).

Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público (Art. 98), cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación será presentada ante la autoridad competente, de acuerdo con la ley (Art. 99); por lo que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación (Art. 204), y tiene el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones (Art. 66 num. 6); como también las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular (Art. 105).

Eco. Ángel Calderón Mayorga