El pueblo ecuatoriano fue claro y contundente en su decisión, a través de una herramienta esencial en toda democracia: el voto.

El pasado 7 de mayo, la mayoría de los sufragantes se inclinó, en la pregunta 9 por la redacción de una Ley de Comunicación y la conformación de un Consejo de Regulación que controle los contenidos violentos y sexuales en los medios y que, de la misma manera, de una vez por todas reafirme la responsabilidad ulterior en el ejercicio periodístico.

Y digo de una vez por todas, porque esa tesis ya está contenida en acuerdos internacionales como en el Acuerdo de Chapultepec, sin embargo los comunicadores creen tener carta libre para desembarazarse de sus responsabilidades luego de que han emitido un comentario -que por lo general son ataques- sobre el accionar de algún ciudadano.

Como era de esperarse, los medios de comunicación, con todo su arsenal, han iniciado una campaña para ajustar a su gusto esta normativa. Desde los comentaristas de opinión, pasando por los conductores de noticieros y terminando por los presentadores de programas de crónica roja han tomado la batuta “en defensa de la libertad de expresión”.

Los comunicadores deben entender que si el pueblo pidió una ley en las urnas es porque los medios han llevado a un estado de decepción a los consumidores informativos.

Aldo Paredes
Guayaquil