Señor Director:

Los “invasores”, desalojados violentamente -pues se arrasan sus viviendas precarias-, corren similar suerte que las pobres “mulas” del narcotráfico. En efecto, estas sufren prisión por unos gramos de cocaína que se venden o consumen, mientras los grandes capos siguen amasando fortunas con la sangre y el sufrimiento de traficantes menores, y de consumidores.

Aquellos pierden sus míseros nidos, mientras los traficantes de tierras -denunciados por el Gobierno como los estafadores y aprovechadores de los ingenuos- pasean su impunidad. ¿No era posible, desde el Estado, adecuar espacios para que los afectados pudieran trasladarse de las tierras “invadidas” a una vivienda modesta pero digna? 

Parecería que la consigna es: Aquí se cumple la ley, caiga quien caiga. Como si no fuera evidente que los desalojados fueron víctimas de los inescrupulosos traficantes.  No se conocen nombres de estos últimos, ni que estén encausados por el delito. ¿Defender los derechos de los pobres se vuelve delito, o al menos motivo de ácida crítica?

Atentamente
Jaime Muñoz Mantilla
C.C. 1702447747