En la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, en muchas ocasiones, el secretario de la facultad no pasa la calificación de algunas materias al departamento de Archivo para el trámite pertinente, ya que nadie se puede graduar si es que le falta la nota de alguna materia durante la carrera universitaria.

Existen muchos casos en los que reclaman y solicitan -desde hace varios meses- al Decano que ordene al secretario que registre en un acta la calificación no reportada al departamento de Archivo para solucionar el problema ocasionado por este funcionario irresponsable, que hace lo que quiere y no obedece a nadie, pese a que se adjunta la documentación justificativa del profesor que ordena el registro y aprobación de la materia no anotada.

Esta situación perjudica económicamente a muchos estudiantes, que tienen que volver a estudiar y aprobar algunas materias que ya han sido calificadas por los profesores. Además, al estudiante profesional se lo trata como a un pordiosero cuando reclama sus derechos, pese a que paga -por concepto de matrícula- hasta 450 dólares, como si fuera universidad privada.

El Gobierno debe disponer que se fiscalice y reestructure esta facultad para que exista una educación superior eficiente y técnicamente profesional en el campo jurídico y social, reconociendo el derecho de los estudiantes profesionales que pagan por una educación sin problemas.

¿La Facultad de Jurisprudencia debe ser reestructurada? ¿Esta facultad está politizada? ¿Quién manda en esta facultad? ¿Por qué se perjudica al estudiante profesional? 

Atentamente

Dr. César López Iturralde
C.C. 0903358778