Un ejemplo es la divergencia entre Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que dice que aquellos que estén acusados de lavado de activos no pueden hacerse acreedores a sustitución de medidas; y la jueza Paola Dávila, que dice que el acusado Iván Espinel es víctima de una acusación “falsa, errada y maliciosa” y debe ser liberado.

Y ya en el Consejo de la Judicatura (CJ), el vocal Juan Pablo Albán discrepa y hasta “se siente ofendido”. Ante estas discrepancias, la mayoría del CJ decidirá quién tiene la razón.

Con unos jueces como los de la Corte Constitucional resulta difícil a quién creer y acudir en busca de justicia, que no es precisamente lo sugerido por un despistado sumiso que propone tumbar a todo el CJ y dejar como único juez al “ofendido”. (O)

Dr. Carlos Mosquera Benalcázar