Noviembre 26 de 2011

Sr. Lcdo.
Edwin Ulloa
Director diario El Telégrafo

De mis consideraciones:

Después de la expedición de la nueva Constitución de la República, una de las acciones más trascendentes de este Gobierno ha sido la consulta para reformar el sistema judicial, pues, como profesional del Derecho, he palpado directamente su deterioro, pero la experiencia más patética ha sido patrocinando a mi hija en un conflicto conyugal, en uno de cuyos juicios me vi obligado a solicitar acción penal por presunto prevaricato contra jueces provinciales de Manabí y de Jipijapa, quienes fallaron contra ley expresa.

Igualmente en juicio de menores seguido ante un juzgado de Santa Elena han sucedido muchos inconvenientes, que en principio se han superado, esperando no se vuelva a favorecer al demandado, que era protegido por un equívoco servidor judicial, afortunadamente desplazado. Pero el colmo es un juicio ejecutivo seguido contra el mismo ciudadano, que se prolongó durante más de dos años, habiéndose sentenciado dolosamente en primera instancia en el Juzgado Civil de Yaguachi, pero es justo reconocer la capacidad y probidad de los señores jueces de la Segunda Sala de lo Civil de esta Corte, que revocaron dicha sentencia, sin embargo, el patrocinador de la parte contraria, ex funcionario defenestrado de la Corte Provincial, apela a distintas maniobras vetadas por el Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que se espera sea sancionado, conforme a las normas invocadas.

En el ejercicio de mis funciones en una entidad del sector público, me he visto obligado a presentar denuncias contra un fiscal y un juez penal en el cantón Milagro, sin embargo, desconozco si han sido sancionados o no, pese a las evidencias formuladas.

En cualquier caso, las medidas para la reorganización del sistema judicial deben ser aplicadas lo antes posible ante la urgencia de seguridad jurídica para el desarrollo del país.

Atentamente
Ab. JGeo Chambers H.
C.C. 0900238502