Se creó ladinamente en el 2012, al amparo de la orden del expresidente Correa que, sin debate en la Asamblea Nacional, lo impuso como decreto de ley. De allí para acá se han recaudado 900 millones, que según el Ministerio de Finanzas se destinaron a “gastos permanentes“ (?).

¿Quién explicara cómo se cumplió la Ley de Fomento Ambiental, promotora del impuesto? Al Ecuador siguen llegando vehículos con normativa EURO 3, prohibida hace 11 años en otros países, y en cuanto a calidad de combustibles, los que usamos en nuestras unidades generan contaminación.

Actualmente, de 2’267.000 vehículos, 1’529.000 superan los 5 años de antigüedad y más de 2500 cc. Esos automóviles pagarán el 100% del impuesto y algunos dueños tendrán que venderlos o endeudarse para poder circular.

El Gobierno Nacional está en la triste disyuntiva de caer en bancarrota o desfondar a los ecuatorianos como siempre inventando impuestos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) presta con algunas condiciones y aceptando aquellas nos endeudamos.

No se puede seguir castigando al pueblo mientras el pillo mayor vive feliz en Europa interviniendo en la política con autoridad. Si el impuesto no cumplió ni de lejos con su objetivo y fue inconstitucionalmente creado, hay que derogarlo. (O)  

Dr. Carlos Mosquera Benalcázar
Céd. 1702401231