Desde que entró en vigencia la nueva Constitución Política gestada en Montecristi el Estado ha venido asumiendo su función constitucional como rector, promotor y gestor del desarrollo del país, el Poder Ejecutivo se ha visto obligado a fortalecer y ampliar los organismos y los procesos de la Administración Pública con justo derecho constitucional y porque estamos viviendo un cambio de época. Es evidente que hemos entrado en una etapa de desarrollo fundamentalmente a través de todos los órganos del Estado, hemos superado las ideas tradicionales sobre las funciones del Estado y ahora hablar de administración pública es hablar de modernidad, eficiencia y transparencia.
Debemos apoyar al Gobierno Nacional para encontrar políticas de Estado que aseguren un aparato administrativo comprometido políticamente con todos los sectores sociales y tener una relación estrechamente interrelacionada entre los cinco poderes del Estado como parte de un elevado nivel de cultura política. Con el liderazgo del presidente Correa hay que profundizar la reforma administrativa que conciba a la Administración Pública como un instrumento fundamental de evolución social y cultural, además de una transformación al servicio de valores políticos que incidan sobre la estructura y el equilibrio de factores reales de poder.
Hay que rechazar a quienes se oponen a estos cambios que son sectores que ya han tenido la oportunidad de ejercer el poder y lo único que han hecho es gobernar para sus propios intereses, de élites y de sectores económicamente fuertes solapados por políticos pusilánimes y desleales con el pueblo ecuatoriano que ahora fungen estos farsantes como aspirantes a salvar la patria, nunca les importó una innovación administrativa porque les interesaba mantener una burocracia incompetente, ineficaz y lerda para así seguir manteniendo al país estancado en el subdesarrollo social, político, económico y cultural.
Los ecuatorianos, en su gran mayoría, reconocemos que en este Gobierno se ha iniciado un nuevo sistema de Administración Pública con mejores técnicas y desarrollo de los recursos humanos, sistema que permite una adecuada selección de personal, equidad en las relaciones del Estado con sus trabajadores y más recursos para programas de capacitación y adiestramiento que permiten darle al funcionario caminos para su superación y al Gobierno la posibilidad de elevar la eficacia de la función pública, como en efecto ya se siente hace algún tiempo.
Efrén Roca Álvarez
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