Ecuador ha sido un país evidentemente racista en donde la población campesina indígena ha estado sometida a diversas maneras de explotación: despojo de tierras, precios bajos de sus productos, salarios ínfimos al mínimo legal, cacicazgo, intermediarios abusivos, falta de un justo precio por su trabajo artesanal y discriminación, tanto en el sector público como privado, sin olvidar que hasta hace algunos años la mujer indígena pagaba al terrateniente el “derecho de pernada”. Estas eran desfloradas por el patrón o el hacendado como en los tiempos feudales. También había discriminación de la educación, muchos empleos no remunerados, etc. La violencia ejercida fue una impunidad de gran magnitud desconocida por otras minorías. Ahora gracias a la lucha de los últimos veinte años de organizaciones indígenas con dirigentes serios, algunos ya desvirtuando su rol y otros aburguesados, se han logrado enormes avances, pero hay que reconocer que en este gobierno y, con el liderazgo del Presidente y su equipo, se reafirman las mayores conquistas de los derechos para indígenas y otras minorías, además de la aportación de varios programas estatales inspirados en la nueva Constitución, entre ellos el reconocimiento de la justicia indígena, con expresas disposiciones aprobadas en Montecristi, como un hito histórico. Todos los ciudadanos y autoridades tenemos el compromiso de coadyuvar y seguir construyendo el nuevo país donde prevalece la justicia, la equidad y la solidaridad, con la misma igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos y altas dosis de conciencia social y de patria.

Efrén Roca Álvarez
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Guayaquil