Indudablemente, es motivo de inmensa satisfacción, así como la esperanza convertida en el hecho cierto de un Ecuador mejor, el inicio de operaciones de una de las megaobras más emblemáticas que el gobierno de la Revolución Ciudadana nos haya podido entregar, la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una capacidad de 1.500 MW de potencia; a un costo aproximado de $ 2.250 millones. Salvo imponderables de tipo catastrófico, tales como sismos y/o sabotajes, sin equívocos, ha llegado la hora de cosechar los multimillonarios beneficios, tanto directos como colaterales, que significa para el país, como lo es el respaldo garantizado hacia el cambio de la matriz productiva, la seguridad energética para la inversión en proyectos industriales, el sustancial ahorro ante la mínima dependencia por importación de derivados del petróleo, etc. Y en cuanto a los aspectos medioambientales, el reemplazo de casi el 100% de la producción actual de energía termoeléctrica por energía totalmente limpia y renovable de Coca Codo Sinclair, implica la reducción de los daños ambientales por la no emisión de 4 millones de toneladas de CO2. Por ello, un reconocimiento al actual Gobierno, el solo hecho de haber priorizado la producción de energía eléctrica a través de la generación hidráulica, constituye uno de sus más grandes aciertos.
Sin embargo, no es aventurado advertir sobre el tremendo error que sería dejarse nublar por triunfalismos. Ningún sistema eléctrico puede ser declarado inmune a las contingencias e imprevistos naturales. Basta con recordar cómo el huracán Sandy, en octubre de 2012, afectó gravemente el suministro eléctrico de la ciudad de Nueva York y la vecina New Jersey, dejando sin energía a más de ocho millones de hogares en la primera potencia del mundo y, en el caso ecuatoriano, no están lejos de nuestra memoria los apagones y racionamientos motivados por el desastre de La Josefina, en marzo de 1993; y por la sequía en la zona del Austro en diciembre de 2009. En ambos casos, la sola afectación del sistema eléctrico del país ocasionó pérdidas multimillonarias que fueron difíciles de superar.
Por otro lado, no se trata de ninguna exageración tomar las debidas precauciones ante cualquier intento saboteador por parte de una oposición politiquera, evidentemente perversa y crecientemente descompuesta ante lo complicado que resulta para sus mafias comunicacionales tapar o distorsionar los evidentes logros de la Revolución Ciudadana, como es el caso de Coca Codo Sinclair.
Por lo expuesto, resulta de vital importancia la reparación y repotenciación de aproximadamente 2.240 MW de potencia termoeléctrica instalada con que cuenta actualmente el parque generador del país, para que cumplan las funciones de respaldo energético inmediato ante la ocurrencia de cualquier tipo de contingencia y, ¿por qué no?, incluso como aporte de energía de exportación. Si bien las actuales plantas adolecen de ser vetustas con potenciales riesgos de siniestros catastróficos, tecnológicamente obsoletas, nada confiables ni eficientes en sus procesos de generación; altamente contaminantes por deficiencias operativas y con serias limitaciones por inapropiado mantenimiento, sin embargo, si se considera que 1 MW térmico nuevo instalado cuesta alrededor de $ 1 millón, hoy, haciendo un mix de reparación entre los procedimientos de alto nivel tecnológico de la llamada ‘ingeniería inversa’ para las máquinas rotativas y el aporte nacional para la reparación y reconstrucción de componentes y partes estáticas, como calderas e intercambiadores de calor, sin la menor duda el costo de 1 MW térmico reparado sería de un 30% del costo de 1 MW nuevo. En todo caso, el Gobierno y las autoridades del sector eléctrico tienen la palabra.
Jacinto Alejandro Henríquez Barzola
