El canciller Ricardo Patiño ratificó este jueves la voluntad gubernamental de encontrar una salida diplomática al caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

En una entrevista con GamaTV, el Ministro aseguró que el país espera continuar con la vía del diálogo para hallar una solución al impasse que se ha producido entre  Ecuador y Reino Unido, con el fin de proteger los derechos humanos del australiano y su integridad física y emocional.

"Esperamos que pase algún tiempo con el optimismo de que podamos encontrar una salida diplomática, porque será más sana en la relación entre los países, y será más corta", acotó.

"Una dirimencia internacional sobre el tema, normalmente, lo conocemos por las experiencias, tomará años", agregó al referirse a las opciones frente a la situación de Assange, quien completó el miércoles seis meses albergado en la Embajada de Ecuador en Londres.

El Canciller manifestó también que el Ecuador, conforme con su compromiso con las libertades fundamentales y en ejercicio de su soberanía, tomó la decisión de conceder asilo diplomático al fundador de WikiLeaks y llamó a Reino Unido y Suecia a valorar en su real dimensión la postura del país.

Por tanto, Ecuador está obligado a  protegerlo, en virtud del artículo 41 de la Constitución Política del Ecuador y de los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de derechos humanos.

"Nosotros hemos insistido con el Reino Unido el derecho que tiene el Ecuador el asilo y la argumentación jurídica para conceder el asilo al señor Assange", señaló Patiño.
 
De este modo, tanto la legislación nacional como los principios del Derecho Internacional establecen el principio de no devolución y el derecho de no ser extraditado cuando median causas políticamente motivadas.

"Hay elementos desde el punto de vista jurídico de mayor jerarquía, particularmente el derecho al asilo, a la movilidad", declaró el Canciller.

Ecuador concedió asilo diplomático a Assange el 16 de agosto,  tras un exhaustivo análisis de su situación en el que se determinó que está en riesgo sus derechos humanos. La decisión fue apoyada por instancias de integración regional como la Unasur.