El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que concede el asilo diplomático al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El canciller Ricardo Patiño explicó que la decisión se produce tras haber realizado una "justa y objetiva" valoración de la situación expuesta por el periodista australiano y de los aspectos jurídicos del caso.

Dijo que la resolución se sustenta en el derecho internacional y que tras casi dos meses de "diálogo al más alto nivel" con los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, Ecuador tiene "serios indicios" de la posibilidad de "retaliaciones" contra Assange, "que pueden poner en riesgo su integridad, seguridad e incluso su vida".

"Atendiendo a sus propios dichos y argumentaciones, (Ecuador) hace suyos los temores del recurrente, y asume que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política, o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas y necesarias para evitarla", puntualizó Patiño al leer hoy una declaración en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito.

En su argumentación, Ecuador consideró que si Assange "es reducido a prisión preventiva en Suecia se iniciará una cadena de sucesos que impedirían evitar una "extradición" a un tercer país como Estados Unidos.

También expresó que el Gobierno del Ecuador tiene la certeza de que el Gobierno británico sabrá valorar la justicia y rectitud de la posición ecuatoriana, y en consonancia con estos argumentos, "confía en que el Reino Unido ofrecerá lo antes posible las garantías o el salvoconducto necesarios y pertinentes a la situación del asilado".

Además, explicó que confía en "mantener inalterables los excelentes lazos de amistad y respeto mutuo que unen al Ecuador y al Reino Unido y a sus respectivos pueblos".

La decisión ecuatoriana ha sido comunicada hoy al encargado de negocios de Reino Unido en Quito, por parte del vicecanciller, Marco Albuja.

En la primera parte de su exposición, Patiño sin embargo ratificó la posición de rechazo del Gobierno ecuatoriano frente a la amenaza "explícita" hecha el miércoles por Reino Unido, de que podría asaltar la Embajada de Ecuador en Londres si no se entregaba a Assange.

Ante las preguntas de los periodistas, el canciller Patiño informó que las reuniones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para adoptar una posición regional ante la amenaza británica se producirían los próximos sábado y domingo, respectivamente, en Ecuador.

Además, dijo que conversó vía telefónica con José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien le indicó que convocará a una Asamblea Extraordinaria de cancilleres. Dicha reunión se produjo esta tarde.

Mientras tanto, la presencia policial frente a la Embajada ecuatoriana en la capital británica ha sido reforzada, con una decena de policías visibles. Allí tres activistas fueron detenidos más temprano, según informaron las agencias internacionales.

Un puñado de manifestantes favorables al periodista australiano pasó la noche frente a a esa misión, alertados por la denuncia de que las fuerzas de seguridad británicas podrían invadir el lugar.

Los exteriores de la Embajada de Reino Unido en Quito también se encuentra bajo resguardo policial desde las 05:00, según confirmó un agente de la Policía. Anoche se registraron protestas en el sitio.

Assange se refugió en la embajada ecuatoriana el 19 de junio, tras haber agotado todos los recursos legales para evitar ser extraditado a Suecia, que lo requiere por supuestos delitos de agresión sexual que él niega haber cometido

El fundador de Wikileaks está en la mira de Estados Unidos desde que ese sitio divulgó entre 2009 y 2010 más de 250.000 cables diplomáticos de Washington y documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán.

La madre de Julian Assange, Christine, dijo ayer en Sídney estar "furiosa" por la amenaza británica de sacar a la fuerza a su hijo de la Embajada, denunciando una subordinación de Londres a EE.UU., y pidió a la ministra de Justicia australiana, Nicola Roxon, que protestara ante esa eventualidad.