Los titulares de las principales instituciones del Estado ecuatoriano elaboraron un manifiesto público en el que rechazan las amenazas de Gran Bretaña, que incluyen la posibilidad de arrestar a Julian Assange en las instalaciones de la Embajada de Ecuador, en Londres.
En la carta, las principales instituciones del Estado señalan que días atrás se recibió en la Cancillería por parte del diplomático inglés encargado de negocios en la Embajada de Quito una ayuda memoria, a la que se refieren como "amenazante y jurídicamente inadmisible, en cuya parte medular se invoca a la Ley de Sedes Consulares y Diplomáticos de 1987, para asegurar que podrían"... tomar acciones para arrestar a Assange en las instalaciones actuales de la sede diplomática de nuestro país en la capital británica.
El documento es suscrito por Fernando Cordero, presidente de la Asamblea de Ecuador; Carlos Ramírez Romero, presidente de la Corte Nacional; Marcela Miranda Pérez, titular del Consejo de Participación Ciudadana; Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado; Carlos Pólit Faggioni, Contralor General del Estado; Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura; y Pedro Solines Chacón, Superintendente de Bancos y Seguros.
"Según las normas internacionales la concesión del derecho de asilo no es considerado un gesto inamistoso, peor aún constituye un antecedente que faculte al país anfitrión a irrumpir en las oficinas de cualquier misión diplomática", señala el documento.
En el documento se indica que la irrupción encualquier misión diplomática constituye una práctica incompatible con lo previsto en el artículo 22 de la Convención de Viena de 1961, que norma la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
"Es insostenible que fuerzas de seguridad puedan ingresar en nuestra embajada fundamentándose en una ley que es parte del ordenamiento jurídico interno de la Gran Bretaña, es decir que carece de la jerarquía suficiente para oponerse a normas y principios del Derecho Internacional", según se lee en el documento.