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No se puede pedir peras al olmo, comenta la abuela de la casa, y eso pasa con la Defensoría del Pueblo, donde el desconocimiento de los Derechos Humanos, es pan de todos los días, pues también cabe aquello de que en casa de herrero cuchillo de palo.
Y es que la desinstitucionalización es el signo de la patria manoseaba por los políticos de turno que se adueñaron de todas las instituciones del país desde la revolución de papel entre otras, de la Defensoría del Pueblo, y con el nacimiento de la Función de Control Social y Transparencia de la que forma parte hoy, y de ahí la crisis ética por la que atraviesa.
La Defensoría del Pueblo, instituida constitucionalmente en 1996, fue consolidada por la Constitución de 1998 como un organismo autónomo clave de control del Estado. Su función principal fue proteger y promover los derechos fundamentales de las personas, además de garantizar la observancia de los mismos frente a la administración pública. Y claro, en la Constitución de Montecristi se redirecciona y se dice que tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de los ecuatorianos que estén fuera del país; por lo que no tiene sentido que se encuentre dentro de la Función de Control Social y Transparencia, ya que de control no tiene nada y para decir que actúa con transparencia le queda debiendo al pueblo, pues se ha convertido en la alcahueta de la función pública que hace alarde de la violación sistemática de derechos de los ciudadanos, verbi gracia de aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad como los presos, víctimas de tratos degradantes, o los mil y pico de muertos en las cárceles nauseabundas, ante lo que ese organismo guarda un silencio profundo, como lo que sucedió con el adulto mayor de 94 años que es víctima de violencia patrimonial y psicológica desde los estamentos de un gobierno seccional, en donde el Defensor del Pueblo, dispuso el archivo de la petición de amparo, dejando a la buena de Dios a que el anciano vaya a golpear las puertas de la justicia ordinaria, por ignorancia o porque será. Solo Dios lo sabrá, sonríe la abuela de la casa.
Bastante difícil es que a la edad que tiene el Defensor del Pueblo, entienda la esencia de los derechos humanos y el rol del Ombudsman, y que a los abuelos se los respeta, puesto que, de sargento de aduanas a dirigir la Defensoría del Pueblo, hay un abismo, ya que caballo viejo no aprende trote nuevo.Con tanto traspiés, es difícil sostener que la Defensoría del Pueblo ha logrado consolidar una imagen de autonomía y fortaleza frente al poder político y más bien refleja una fragilidad institucionalprofunda. Urge el cambio de funcionarios.
