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Estremece reconocer que el uso de menores de edad en el sicariato no es un fenómeno reciente en América Latina. Históricamente, desde la época de los cárteles en los años 80 y 90 (Cartel de Medellín, Colombia), los menores han sido utilizados como eslabones de la violencia.
En Ecuador, es relativamente nuevo. De enero a marzo de este año, han sido detenidos 888 menores dedicados a secuestro, extorsión y muerte. La cifra muestra un crecimiento, comparado con los dos años anteriores, según el último informe de UNICEF-Ecuador.
El reclutamiento, por lo general, lo hacen a través de una conocida red social de la cual disfruta la población joven. La inocencia es comprada porque detrás operan redes de crimen organizado transnacional y narcotráfico. Los brazos armados de mega estructuras (aliadas con carteles internacionales) planifican, financian y ejecutan estos delitos utilizando desde sicarios locales hasta asesinos a sueldo extranjeros.
Nuestra ley determina para menores de edad, un máximo de 8 años en centros de atención integral. La Asamblea Nacional planteó una reforma en la búsqueda de subir la condena a 15 años pero la Corte Constitucional, no dio paso al calificarla como inconstitucional. Hay un nuevo intento de subir la pena a 26 años de cárcel, a quienes reclutan a menores de edad para convertirlos en asesinos a sueldo.
La función legislativa, está llamada a insistir en la opción de ajustar la normatividad que regula el juzgamiento y sanción a los jóvenes que delinquen; con ello, se podría desincentivarlos a aceptar las propuestas que reciben para perpetrar crímenes por los que se les ofrece, aparte de una remuneración económica, un tratamiento penal privilegiado.
Debe abrirse la posibilidad de que, a través de dictámenes periciales, se pueda verificar si quien no ha alcanzado los- 18 años-, dispone de competencias necesarias para entender que la conducta realizada constituía un delito y, pese a ello, la ejecutó. De ser positiva, esa persona debe ser juzgada y sancionada como un adulto. Quien alcanzó madurez suficiente para entender que comete un delito, dispone de ella para asumir las consecuencias de su comportamiento.
El Estado, no está exento de responsabilidad y como tal, debe convertirse en el principal garante de sus derechos humanos; está obligado a brindar atención prioritaria y especializada para asegurar su protección integral, igualdad de oportunidades y erradicar la discriminación estructural.
Para convertirse en asesino a sueldo a temprana edad, no existe una causa única, sino un proceso de vulnerabilidad donde el entorno, la falta de oportunidades, ausencia de empleo formal, acceso a educación de calidad, facilitan que frecuentemente jóvenes, sean reclutados por redes delictivas porque el dinero rápido se percibe como la única vía para salir de la precariedad extrema. La ausencia del Estado, falta de control territorial y de políticas públicas eficientes, facilitan a que las bandas criminales gobiernen comunidades y territorios.
El término sicariato aparece en el imperio romano, génesis de una afilada daga “sica”, en latín, con el tamaño ideal para pasar desapercibida en el interior de la manga del vestido de quien, por encargo, debía dar muerte a una persona. Al oficio, lo llamaron “sicarius” y “sicarium” a la persona encargada de ejecutar a un ciudadano romano por orden o contrato. La terminología, fue acuñada inicialmente en la lengua italiana del siglo XIV, mientras que al castellano fue incorporado en la segunda mitad del siglo XX.
