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La inteligencia artificial llegó a nuestras oficinas públicas para quedarse. Ya agiliza los trámites, detecta necesidades y errores donde antes no veíamos nada y hace que los recursos rindan mejor. Pero hay algo que ninguna máquina podrá reemplazar: la mirada de un servidor público que entiende que detrás de cada expediente late una interacción humana. El desafío además de técnico es profundamente humano. Porque un algoritmo puede calcular, pero no puede sentir. Puede clasificar, pero no abrazar. Puede recomendar, pero no consolar a una madre que lleva meses esperando una respuesta en el hospital o en cualquier otra dependencia pública. Por eso, modernizar el Estado no significa llenarlo de pantallas y de datos, sino llenarlo de personas preparadas para usar esas herramientas con sabiduría, con empatía y con un compromiso inquebrantable con el bien común.
Necesitamos formar una nueva generación de servidores públicos. Personas que sepan manejar tecnología con agilidad, pero que sobre todo sepan detenerse ante el rostro del otro. Funcionarios que entiendan de bases de datos y de análisis predictivo, pero también de escucha activa, de paciencia y de empatía institucional. Porque cuando una oficina pública se vuelve fría y distante, no falla la fibra óptica sino lo que falla es la fibra humana; Imaginemos por un momento, a esa funcionaria que atiende a una abuela que no figura en el sistema porque nunca tuvo un documento formal. Si su formación fue solo técnica, verá un error que reportar. Pero si fue formada con ética de servicio, verá una injusticia que corregir. Ahí está la diferencia. La tecnología debería ayudarla a resolver más rápido, pero la vocación es la que la mueve a resolver con justicia.
América Latina necesita servidores públicos que usen los datos para encontrar a los olvidados, no para descartarlos más rápido como si fueran una cifra más. Que automaticen lo repetitivo para liberar tiempo valioso y dedicarlo a lo que ninguna máquina puede hacer que es mirar a los ojos, explicar con paciencia, dudar con honestidad y decidir con humanidad, teniendo presente que quienes pagan su salario son los ciudadanos. Que no piensen que, porque se les delegó autoridad en una elección, el Estado y la administración pública son propiedad eterna de ellos.
Formar a esas personas es la inversión más urgente en el caso ecuatoriano. Enseñarles a dialogar con los algoritmos sin rendirse ante ellos. A exigir transparencia cuando una decisión automática afecta a un ciudadano. A recordar, cada mañana, que su trabajo no es procesar información, sino cuidar la vida en común. El Estado debe ser ese espacio donde cada servidor público sea un puente responsable entre el sistema y la persona. Las universidades públicas a nivel de posgrado ya cuentan con ofertas académicas para formar líderes públicos con inteligencia humana y saberes digitales al servicio de la sociedad.
