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Es una pregunta no fácil de contestar. Nos referimos al Decreto 424 que declara la existencia de un conflicto armado interno. Y pensando en voz alta podemos afirmar, que puede ser una herramienta útil dentro de una estrategia integral contra el “sexto poder del Estado”, pero difícilmente constituye por sí mismo la solución al problema de la violencia que tiene su origen en el crimen organizado.
Y es que el decreto 424 deroga el 111 de enero de 2024, sin que de la fecha acá el “sexto poder” haya bajado la guardia, pues lo que ha existido desde entonces es una respuesta militar o simbólica, con efectos temporales sin alterar las causas estructurales, porque algo hace falta: hay que recuperar la institucionalidad.
El papel aguanta todo, dice la abuela de la casa, escribir es fácil, pero llevarlo a la práctica es muy distinto, pues ya tenemos experiencia con los decretos de excepción y toques de queda sin pretender minimizar lo hecho, pero la realidad es otra, y es la que nos lleva a pensar que existen varias patas chuecas de la mesa, verbi gracia, urge la depuración del sistema de justicia por la presencia de jueces y fiscales de alquiler; reforma penitenciaria, porque el gato está en la alacena; y, finalmente, lo más difícil, la depuración institucional porque donde se pincha sale pus.
En términos políticos, el debate de fondo no es si el gobierno debe actuar con firmeza -sobre eso existe amplio consenso-, sino si el decreto 424 es la herramienta jurídica más adecuada para enfrentar un fenómeno que combina violencia armada, narcotráfico, corrupción e infiltración institucional. El Gobierno sostiene que el Decreto permite fortalecer la cooperación internacional y ampliar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y la Policía. Y claro, desde esa lógica, la declaratoria puede aparecer como un instrumento útil para coordinar operaciones de seguridad; enfrentar organizaciones con capacidad armada y control territorial; sin embargo, la experiencia indica que el crimen organizado no se combate únicamente con medidas militares o de excepción.
Las organizaciones criminales se sostienen, entre otros, con: la corrupción institucional, pues no hay institución que se libre de ese pecado mortal; el lavado de activos; la infiltración en puertos y aduanas; el control de economías ilegales; las redes dentro del sistema penitenciario, y lo más grave, el reclutamiento de jóvenes, ese ejército de jóvenes, históricamente huérfanos de atención estatal.
En el Decreto encontramos algo nuevo y que genera controversia, como son las disposiciones referentes a la cooperación extranjera, inmunidades e indultos para quienes participen en operaciones vinculadas al conflicto. Ergo, el decreto ¿Es un arma adecuada para combatir al crimen organizado? o, finalmente, será un saludo a la bandera.
