Tras posesionarse solo frente a sus cómplices, Nicolás Maduro se queda solo en el contexto internacional. Mientras los enemigos de la democracia hablan de intervencionismo militar y otras fantasías, la lógica manda recuperar las libertades en un país destrozado por el chavismo, el clientelismo y el tráfico institucionalizado de estupefacientes.

Ecuador rechaza la solución militar, pero esto no descarta la posibilidad de que el presidente interino Juan Guaidó ordene el desalojo por la fuerza del usurpador del poder en el Palacio de Miraflores y se inicie un proceso judicial por el delito de ocupación forzada del poder Ejecutivo en Venezuela; por el encierro, desaparición y muerte de los opositores políticos; por el asalto al erario nacional; por la falsificación de las cifras y cuentas nacionales; por el genocidio provocado por la vía del hambre y la insalubridad al pueblo venezolano y por los vínculos con el narcotráfico del régimen de Maduro y sus altos mandos militares.

El presidente Guaidó debe ordenar cuanto antes el restablecimiento del sistema constitucional, esto implica tomar el mando de todos los órganos de la fuerza pública venezolana, detener la masacre ordenada por el gobierno socialista, apresar a los responsables de estos crímenes y convocar inmediatamente a elecciones para instalar una Asamblea Constituyente, que reclame la asistencia política de todas las fuerzas pluralistas de Venezuela que han sido ilegalizadas durante estas casi dos décadas de abuso populista e ilegalizar a toda forma de organización antidemocrática.

Todos los países del hemisferio apoyan una salida democrática a la crisis que vive Venezuela. Salvo Cuba, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, México y Uruguay, aunque estos dos últimos con declaraciones tibias. Todos formaron parte del ALBA, una organización que se cae a pedazos por intentar implantar instituciones autoritarias que desconocieron lo más importante para el ser humano: su libertad y su dignidad. (O)