A un año de los acontecimientos, todavía hay opositores políticos, partidos, líderes sociales y editorialistas que persisten en sostener que  el 30-S no hubo un intento de golpe de Estado. La trampa radica en convertir lo sucedido en un problema entre Presidente y policías, cuando la situación de ese día rebasó este hecho.

El 30-S no solo se produjo la paralización de actividades en el Regimiento Quito Nº 1, sino en todo el país, al menos varias horas. De manera que la “protesta” se transformó en una insubordinación policial nacional. En el aeropuerto de Quito y en el local del Ministerio de Defensa también se insubordinaron elementos de las Fuerzas Armadas.

A consecuencia de esas insubordinaciones, el Ecuador estuvo en jaque: paralizados Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las otras funciones del Estado e instituciones públicas; cerraron locales comerciales y empresas, así como también instituciones educativas. La ciudadanía, a nivel nacional, quedó desprotegida. Bajo riesgo. Y los saqueos comenzaron, sobre todo en Guayaquil.

Si los “anticorreístas” insisten en que “solo” se trató de una insubordinación policial y no de un golpe de Estado, debieran admitir, entonces, que fue un acto que afectó la vida del Ecuador y que “solo” por ser insubordinación fue inconstitucional e ilegal, se produjo mucho antes de que el presidente Correa llegara al cuartel policial y se mantuvo aún con más gravedad todo el día, al menos en Quito.

De manera que todos aquellos personajes, movimientos y partidos que decidieron saludar a la Policía y respaldarla por su “lucha popular” y por representar una revocatoria del mandato “de hecho”, pasaron a ser cómplices de un acto inconstitucional e ilegal.

Pero el asunto no quedó allí. Ese día, aprovechando la insubordinación policial, aparecieron activistas y políticos que se movilizaron en distintos frentes, que salieron a las calles para gritar por la caída del Presidente, que irrumpieron en el canal público, que procuraron el derrocamiento del Mandatario, que clamaron por su renuncia.

Hubo asambleístas que impidieron el funcionamiento de la Asamblea y que, en lugar de salir a defender la democracia, como era su obligación frente a un hecho inconstitucional e ilegal ya producido, pidieron la “amnistía”.

Si solo fue una “insubordinación”, como se asegura repetidamente, ¿por qué no la condenan como inconstitucional e ilegal? ¿Por qué no persiguen y juzgan a los cómplices que la respaldaron?