A la fecha los municipio del país, sobre todo los más pequeños, dependen exclusivamente de la asignación presupuestaria del Gobierno Central, lo que ha acarreado serios problemas a la hora de enfrentar la pandemia. En las ciudades más grandes como Quito, Guayaquil y Cuenca, esta asignación se estima en un 30% de su presupuesto.

 En Quito, los actos de corrupción han marcado la gestión de la emergencia, se investiga el supuesto sobreprecio de pruebas adquiridas por la Secretaría de Salud, las transferencias a cuentas del exterior y otros tantos contratos en empresas públicas, administraciones zonales y dependencias municipales, que serán sujetos de exámenes especiales e impulsos fiscales.

 Estos actos de corrupción impactan negativamente en el presupuesto de la ciudad previsto en 1.077,7 millones de dólares para 2020, de los cuales solo en recaudación tributaria se estima una reducción de más de 100 millones, 320 millones comprometidos para el Metro que no pueden tocarse, y cerca de 500 millones que corresponden a la asignación central.

 A esto se suma el impacto del 23% de desempleo en la capital, desempleo joven en 34% y la pérdida de más de 100 mil empleos formales (CCQ) que inciden en la economía de quiteños y quiteñas.

 Con el panorama descrito, la ciudad requiere con urgencia un plan de reactivación económica, buscar alternativas que permitan evitar un mayor impacto en el presupuesto, revisar el gasto corriente y priorizar inversión.

Así, se debe observar el desarrollo de otras ciudades, Medellín promueve la innovación, fortalece a la empresa privada y tiende a la formalización del comercio. Anne Hidalgo, Alcaldesa de París, ha puesto en marcha “la ciudad de 15 minutos” que plantea multicentros de desarrollo y reducción del impacto ambiental.

 A Quito le hace falta un proyecto de ciudad; y para ello es imprescindible dejar de mirar el despacho y empieza a planificar para el futuro.