El establecimiento de los nuevos impuestos “verdes” ha servido de coyuntura para que los grupos que todavía tienen enorme poder económico en Ecuador, apoyados por los opinadores que diariamente se hacen eco de sus intereses, se lancen contra el sistema impositivo del país, cuestionen al SRI y, naturalmente, enfilen contra el intervencionismo económico estatal.

Vale recordar algo de historia. En el siglo XIX republicano, los únicos impuestos directos fueron el diezmo (10% de la producción destinado a la Iglesia, aunque un tercio correspondía al Estado) y el tributo de indios, abolido recién en 1857. Financiaron al Estado una cantidad enorme de impuestos indirectos, entre los cuales los aduaneros generaban hasta dos tercios de los ingresos presupuestarios.

Solo con la Revolución Juliana (1925) se inició un sistema orgánico de impuestos. Los julianos introdujeron el impuesto a la renta, del cual excluyeron a los trabajadores asalariados. Además, por primera vez se institucionalizaron las políticas sociales, hasta entonces prácticamente inexistentes, en una sociedad movida por los valores del mercado libre, pero bajo un sistema oligárquico-terrateniente. Los julianos también crearon un impuesto sobre las rentas del capital (utilidades) que no ha vuelto a repetirse en la historia.

Del 8% sobre las rentas, que se pagaba en aquella época, lentamente se llegó al 25% como escala máxima antes del actual gobierno. Por cierto, el impuesto a la renta siempre fue burlado por las capas ricas. En los años del “modelo empresarial de desarrollo” progresivamente afirmado en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, la visión “neoliberal” condujo a privilegiar los impuestos indirectos y particularmente el regresivo IVA. Es el Gobierno actual que revirtió esa situación y elevó la escala del impuesto a la renta al 35%, demasiado pobre para un país ubicado entre los primeros lugares de inequidad en el mundo.

Bajo iniciativa del SRI, sucesivas reformas a la legislación tributaria y un claro ejercicio de su autoridad para el cobro de impuestos, afirman las orientaciones económicas que disgustan a los antiguos poderes. Sin embargo, si algo también ha demostrado la historia es que, a diferencia de la evolución económica de los países capitalistas centrales, en América Latina siempre se precisó de la intervención del Estado para orientar políticas sociales redistributivas y solidarias, que no nacían precisamente de los sectores privados.