La Asamblea aprobará la LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO, desde ya conocida como la LEY ANTIMONOPOLIO. Esta responde a la Constitución que prohíbe las prácticas monopólicas y oligopólicas que dominan los mercados, posibilitan más la explotación vía precios y calidad en beneficio de grandes grupos económicos y en perjuicio de los consumidores.

Esta ley se inscribe en un modelo económico productivo que regula y controla los mercados, y que  a su vez responde a una definición político-ideológica de AP, que establece que EL ESTADO Y LOS MERCADOS DEBEN ESTAR AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN, para lo cual  Asamblea y Gobierno deben operar consecuentemente, con leyes, políticas, programas, proyectos y acciones, en esa dirección.

Será coadyuvante de ese modelo que se está implementando, que progresivamente entierra el neoliberalismo o capitalismo de rapiña, entrega soberanía, reduce el Estado y su acción, liberaliza los mercados y facilita la especulación, en desmedro de la producción y el bienestar. Es complementario  a varias leyes que racionaliza las finanzas públicas y el endeudamiento, posibilita  la producción y la planificación, permitiendo el uso y asignación de los recursos económicos escasos sobre la  base de prioridades,  y sirve de base con otras que devienen del mandato popular, como el control y sanción del enriquecimiento ilícito privado, la prohibición de acaparar en el ámbito de medios de comunicación y bancario-financiero diversas actividades económicas.

Esta ley creará condiciones para una sana competencia, lo  que no debe provocar objeciones en empresarios serios. Se inscribe  en el marco de una política económica que manda la Constitución y obliga al Estado a administrar los sectores estratégicos de la economía (agua, petróleo, energía, biodiversidad, telecomunicaciones), prestar servicios básicos a la colectividad (transporte electricidad, comunicaciones, educación, salud, seguridad social, etc.), utilizar productivamente la reserva internacional, impedir la salida indiscriminada del ahorro, respetar los derechos de la naturaleza; en fin,  organizar un sistema económico social solidario, base para poder desarrollar un gran programa social para EL BUEN VIVIR o SUMAK KAWSAY, cuyos alcances están definidos en el plan.

Se espera que con esta ley, su adecuada aplicación y observancia plena,  se reduzca la explotación vía precios y  el abuso de ciertas empresas. Para ello  el rol de la Superintendencia de Control y la Junta de Regulación es fundamental. Que la ley se apruebe para beneficio de la producción y del pueblo.