El problema de la administración de justicia en nuestro país, no es únicamente la corrupción de un buen número de operadores de justicia ni de un número de empleados administrativos, como lo venimos observando desde hace 14 años, con las buenas excepciones del caso. Es el no contar con los recursos económicos necesarios para aumentar el número de jueces y fiscales. El presupuesto de la Función Judicial tiene tanta importancia, porque una sociedad sin una administración de justicia ágil, eficiente y honesta, está condenada a la desintegración total. También atraviesa porque las leyes expedidas desde el 2008, son deliberadamente pésimas, ambiguas en su redacción y en sus contenidos, para que las propias reglas de interpretación tengan mucha dificultad en su aplicación o/y para que los operadores de justicia expidan sentencias totalmente disparatadas o ambiguas. Algunas disposiciones del COIP contienen trampas como derogar la Ley de Gracia con un Reglamento Esto implica que todas esas leyes deban ser mejoradas y las penales redactadas correctamente en la tipificación de las infracciones y no genere la oportunidad de que cualquier juez corrupto bien aceitado dicte sentencias y resoluciones prevaricadoras.

También es necesario que los Operadores de Justicia estén permanentemente capacitados. Hay unas sentencias que avergüenzan a la Función Judicial. Pensando de buena fé me parece que son el fruto de la falta de estudio, de la casi ninguna lectura de literatura jurídica, de no tener un conocimiento global de la legislación positiva y peor de la jurisprudencia y de la normatividad de Tratados internacionales, por muy juez de primer nivel que sea.   Y el copy page, con lo cual, algunos sacan del internet pedazos de doctrinas jurídicas, de jurisprudencias de organismos internacionales, totalmente fuera de contexto, que sirven de relleno y de justificación en las resoluciones judiciales. Y, claro para engañar de esta manera a los usuarios que son los ciudadanos y los Abogados que requerimos de los operadores de justicia. Y lo que es más grave y falso, para dárselas de eruditos y sabiondos. Causan pena.

 Y, los Colegios de Abogados? Existen en realidad? ¿Cuál es el aporte que entregan para mejorar la administración de justicia? Actúan propositivamente para desterrar la corrupción judicial?. Y la Academia, dónde está la Academia? Cuál es su contribución a este asunto de vital importancia. Ojalá, alguien convoque a todos los que de una u otra forma puedan dar ideas para ver, si se logra, alcanzar una mejor administración de justicia en el Ecuador.