La Asamblea Constituyente de Montecristi, que expidió la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, solventó en su título cuarto la participación de  ciudadanas y ciudadanos en la organización del poder, y para ello estableció las nuevas funciones del Estado:

Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

Esta última -posiblemente única en las legislaciones  constitucionales del mundo- permite erigir al pueblo ecuatoriano en el “mandante y primer fiscalizador del poder público” en todas sus actuaciones e instancias.

De esta manera se promueve y se incentiva al pueblo del Ecuador a controlar las instituciones del sector público y de las organizaciones privadas que cumplen actividades de interés sustancial.

Lamentablemente se desconoce en toda su trascendencia histórica y política la existencia e importancia de esta función de Estado, por buena parte de la ciudadanía de nuestra patria, por ello debemos direccionar su conocimiento a toda la sociedad ecuatoriana, las escuelas, colegios y universidades, los barrios y los sindicatos, los grupos sociales y empresariales , etc., etc.

Es relevante señalar y resaltar los organismos que forman parte de ella y así podemos mencionar:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo,  la Contraloría General del Estado  y las superintendencias,las mismas que tienen sus específicos y fundamentales deberes y atribuciones, entre otros:

Las políticas estatales para luchar  con esa hidra de mil cabezas que es la corrupción, o las exigencias legales y éticas de la rendición de cuentas, la decidida promoción popular para motivar la participación social y el nombramiento de las autoridades de supervisión y control del poder electoral del Estado ecuatoriano.

Todas estas acciones conllevan no solo un superior concepto de justicia y equidad y de modernización del Estado, sino que también es el rompimiento de ese círculo vicioso convertido en convencional de designar cargos notables para la administración y marcha de la nación en contubernios inmorales o en concubinatos de politiqueros ebrios de codicia e impunidad.

El desmoronamiento de los valores de nuestra sociedad  por la acción de la partidocracia y los poderes fácticos inicia su reconstrucción con la clara y diáfana actuación de la función de Transparencia y Control Social.