Dudas y cuestionamientos no hacen bien a la democracia. Actuar con transparencia es imperdible. El juego político del Consejo Nacional Electoral-CNE- es de vieja data. Cual plastilina se ha moldeado a los gustos e intereses de los gobernantes de turno, mientras sus integrantes disfrutan de una auto prórroga, al parecer indefinida.

La sorpresa de Semana Santa con la ‘’actualización técnica del calendario’’, en ocho meses llevará a los ecuatorianos a elegir autoridades seccionales (29 de noviembre 2026). Dejaría fuera a varios movimientos y partidos políticos que ajustaban tuercas para participar en el proceso electoral de febrero del 2027.

Las predicciones hidrometereológicas sobre un potencial y severo fenómeno de El Niño, presentado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, serían la causa. La renuncia irrevocable del (técnico), director del INAMHI, genera dudas. Desde 1979, retorno a la democracia, el único adelanto de elecciones en nuestro país se dio por la muerte cruzada decretada por el ex presidente Guillermo Lasso en 2023, mecanismo establecido en la Constitución.

Los cuestionamientos y demandas al organismo electoral abundan, porque la movida les dejaría menos tiempo para preparar las candidaturas en las principales alcaldías y prefecturas del país. Quienes objetan la decisión del CNE, esgrimen que ni la Constitución ni el Código de la Democracia otorgan al organismo facultades para anticipar comicios; ente qué por su parte, justifica la modificación del calendario.

Ni siquiera en pandemia (7.02.2021) se dio algo parecido; de forma masiva, con miedo y cubiertos con mascarilla, los ecuatorianos llegaron a las urnas. En situaciones como ésta y otras, se inquiere sobre el poder moral con su capacidad de influir, transformar y generar cambios sociales positivos a través de la rectitud y principios éticos, actuando como un contrapeso a la fuerza maligna.

Este poder, basado en la virtud y la justicia social, busca educar y depurar las costumbres ciudadanas, al ser una propuesta política- histórica para la gobernanza y una estructura contralora del Estado para vigilar la ética pública. Desde un punto de vista sociológico y personal, el poder moral viene de la integridad, que se fundamenta en pilares como el respeto, la justicia, responsabilidad y honestidad.

Es una función contralora porque su objetivo es garantizar que las políticas del Estado se ajusten a la Constitución, actuando como una "Cámara Moral". Hoy en día, este poder, es una necesidad contra la decadencia y la falta de decencia que requiere del ejemplo y la educación para fortalecer la moral ciudadana.