No podemos ser indiferentes ante episodios de la vida social y política del país que develan la manera tramposa como ejercen la profesión algunos abogados, quienes se supone fueron formados para ejercer el Derecho por la justicia, la convivencia pacífica y respetuosa, con valores y principios universales. Pero, lo más triste es que esta deformación no es exclusiva de ciertos juristas.

Prácticamente, todo entramado de corrupción cuenta con el consejo abogadil para bañar de legalidad las más diversas picardías; asesoran al mejor postor, como esforzados obreros del engaño, expertos en letra menuda y fraude. Manipular normas, tergiversar hechos, forjar informes, evadir y eludir la ley, amañar concursos o contratos con sobreprecio, son argucias para delinquir burlando la autoridad y los controles. Muchas de estas conductas unen en contubernio a políticos, titulados de toda disciplina y funcionarios públicos corrompidos. Algunos profesionales incluso pueden superar lo más inverosímil del actuar de personajes novelescos despreciables, audaces o peligrosos, como el Chivo de Vargas Llosa o, el capitán Simone Simonini de Umberto Eco.

¿Cuál es la raíz de tanta inmundicia? La educación o, mejor dicho, la pésima educación. En su discurso “Democracia y Universidad”, Saramago expone acertadamente que la familia y la escuela están en crisis, así que la universidad pretende formar personas no educadas, árboles torcidos imposibles de enderezar. Esta situación catastrófica nos damnifica, porque bloquea el camino del progreso, produce descontento generalizado y falta de confianza en autoridades e instituciones, lo que demanda repensar muchas cosas, hasta construir un nuevo pacto social.

Es la educación de calidad, con sensibilidad social y concebida integralmente sobre la base de nuestra historia, la que permitirá tener ciudadanos éticos, democráticos, cultos, de pensamiento libre y crítico para construir un país inclusivo, menos desigual y deshonesto.