Decisión compleja dedicar tiempo y espacio para referirme a las elecciones de autoridades del CPCCS –definitivo–, dado mi deseo de brindar luces –lo señalo sin arrogancia alguna– en el área económica, como lo he venido haciendo mayoritariamente desde que se me ha permitido tener voz en EL TELÉGRAFO.

Yendo a lo nuestro, debo manifestar que he leído en buena medida lo que se ha aseverado sobre el tema que hoy nos atañe, de parte de personas que ejercen su libre expresión en diversos canales de comunicación; desde “no conozco a candidatos” hasta “optaré por anular mi voto para así enviar el mensaje de que el ente debe desaparecer (invitando con ligereza a ejercer esa decisión)”.

A la luz de aquellas ideas, y buscando ser concluyentes y propositivos, quiero detenerme en lo que considero poco se ha reflexionado: la incidencia ciudadana, directa y protagónica, en el aparato público, hoy gracias a la existencia del CPCCS en el texto constitucional.

Punto uno: el presidente Moreno, con su reflexión inmortalizada en el decreto pro Referéndum y Consulta Popular Marzo 2018 manifestó su pensar sobre la Función de Transparencia y Control Social, y del CPCCS, calificándola como “un avance en materia de democracia participativa…”. Consecuentemente, la propuesta de eliminar el ente equivaldría a una clara regresión en lo que respecta a consolidar el poder de la gente. Punto dos: el sumarse a la propuesta del “voto nulo” devela falta de sindéresis para proceder a premiar o castigar a los candidatos en las urnas, a más de irresponsabilidad nacional: si los 7 miembros fallan, ¿gozaría de legitimidad para emitir críticas?; si los 7 miembros triunfan, ¿contaría con legitimidad para resaltar aciertos? Punto tres: con el CPCCS, hoy la ciudadanía puede postular para espacios públicos como la Fiscalía. Si esa atribución pasa al Legislativo, ¿podrá postular? De manera que, voto responsable pensando en nosotros. (O)