No cabe duda de que la justicia constituye un pilar esencial para cualquier sociedad organizada, de allí que para los ecuatorianos sea una preocupación enorme la crisis profunda que se experimenta en este ámbito tan delicado. Su trascendencia, riesgos y sintonía con la democracia pueden resumirse de forma clara y puntual, razones por las cuales el país debe esforzarse para crear las condiciones que permitan surgir un sistema de justicia idóneo.

​Un buen funcionamiento de la justicia puede garantizar la igualdad ante la ley, proteger los derechos fundamentales, mantener el orden y la paz social, así mismo, generar confianza en el Estado y sus numerosas instituciones que ejercen autoridad con dinero de los ciudadanos; también puede promover estabilidad y desarrollo económico. Por esto, su mal funcionamiento pasa una factura impagable a la sociedad.

​Falla la justicia cuando gente sin capacidad ni preparación la conduce, cuando hay jueces o fiscales influenciados por intereses políticos, económicos o de mafias delincuenciales, cuando el sistema se politiza porque sirve para perseguir o garantizar impunidad de corruptos con la consecuente burla de la ley, también fracasa cuando solo sectores privilegiados logran acceder a ella para defender sus derechos. Si el ciudadano percibe injusticia, merma la confianza en el Estado y cunde la incertidumbre.

​Respecto a la democracia, la justicia es determinante para garantizar la separación de poderes convirtiéndose en contrapeso del ejecutivo y legislativo, de la misma manera, tiene la fuerza para limitar al poder frenando al autoritarismo y protegiendo el estado de Derecho y el respeto a la ley. Por último, defiende los derechos fundamentales del ciudadano. Si la justicia carece de independencia la democracia será únicamente formal, no real.

​Si se hace una lectura amplia del valor de la justicia se encontrará que esta también brinda soporte estructural a la estabilidad del país, toda vez que puede atenuar y hasta eliminar conflictos sociales, prevenir crisis políticas fomentando la cohesión social, y como es obvio, disminuyendo la violencia. La verdad sea dicha: Sin visión política que aquilate el valor de la justicia independiente, sin profesionales éticos y preparados, sin incorporación de tecnologías idóneas, y sin un marco jurídico que garantice tanto calidad como acceso universal al sistema, el país continuará en un bulo eterno que lo mantiene en el fondo del abismo.