Nuestro país experimenta una época de transición justificada en la necesidad de dejar atrás prácticas políticas deleznables que colocaron al Estado sobre la sociedad, hasta llegar al punto de arrinconarla y de someterla a maquiavélicos procesos de miedo, clientelismo, división y polarización, todo para fortalecer a un gobierno autoritario, marcado por el abuso de poder y la corrupción. Eso sí, el cambio actual debe conducirnos a una nueva realidad caracterizada por el trabajo cooperativo entre los sectores público y privado, en torno a objetivos comunes.

El mandatario actual, hace algunos meses, ha convocado al diálogo, por lo que ahora corresponde avanzar y allanar el camino para concretar un amplio acuerdo nacional que, trascendiendo intereses de grupo y agendas políticas mezquinas, nos permita pasar la página, para consolidar la democracia, hacer realidad la separación de poderes, combatir la corrupción, alcanzar metas todavía incumplidas, tanto en materia social como económica, impulsando al país hacia un posicionamiento relevante en el espacio internacional, soberano, pero al mismo tiempo realista y pragmático. Un planteamiento de esta naturaleza era sencillamente inviable con el gobernante anterior.

La tarea se presenta descomunal aunque posible, se la podrá realizar con voluntad política, a través de una comunicación participativa y sincera, que incluya en la agenda legítimas aspiraciones de todos los sectores, pueblos, organizaciones sociales, maestros y estudiantes, trabajadores, productores y empresarios.

Por su parte, las funciones del Estado tendrán que llevar a la práctica los acuerdos alcanzados, pero sin descuidar sus naturales obligaciones, por ejemplo, la Asamblea Nacional ha de fiscalizar y legislar responsablemente y con premura. Así, el quehacer público respondería a una visión colectiva de futuro positivo del país, en donde progreso, equidad, justicia y derechos constituirían propósitos ineludibles del poder. (O)