José Tuárez pende de una cuerda floja. Exige galerías de obras de arte en lugar de oficinas, que su jerarquía sea superior a la de la Corte Constitucional y que se dirija a él únicamente el Presidente de la República. Tuárez resultó ser un fiel remedo de la década ganada.

Tuárez está solo. Sus compañeros consejeros le exigen explicaciones, la Conferencia Episcopal lo desconoce como sacerdote y se plantean serias denuncias sobre su hoja de vida presentada ante el Consejo Nacional Electoral para ser candidato al puesto que ocupa. El sacerdote se presenta como director de una Radio y de Recursos Humanos de un Convento que ambos lo niegan. A esto se suma que lo conseguido por el religioso en número de votos es menor que el total de votos nulos.

Tuárez es el candidato con menos votos de entre los elegibles para ocupar el cargo de presidente del organismo. Con el 7% de los sufragios obtuvo 17% menos votos que el 24% de los nulos y 31% menos que lo obtenido por la vicepresidenta Rosa Chala. Estas distorsiones se produjeron al convocar a una elección en tres papeletas distintas con un desfile de candidatos, sin listas verticales, sin alternabilidad entre hombres, mujeres y pueblos, y sin una fórmula de asignación de escaños. Tuárez y el resto de correístas en el Consejo, son hijos del voto nulo.

Pero las cosas ya están hechas y la débil democracia ecuatoriana se enfrenta a un organismo que ha desafiado la autoridad de la consulta popular de febrero de 2018, del Consejo transitorio que obró bajo un mandato popular de fuerza constituyente y una Corte Constitucional en funciones legítimas. El problema no se resuelve si José Tuárez renuncia a su cargo de presidente o a su membresía en el Consejo. Este atentado a la democracia republicana perpetrado por el correísmo constituyente de 2008 empezará a revertirse cuando este organismo perverso sea expulsado del sistema de instituciones. ¿Cómo hacerlo? Con un referendo ciudadano. (O)