En el mundo el caso “Campo Algodonero” (2009) constituye un importante precedente para la tipificación del feminicidio en México y varias legislaciones. 

En este caso el Estado Mexicano fue encontrado responsable de incumplir su obligación de prestar debida diligencia en investigaciones de violencia contra las mujeres, de discriminación y falta de protección, inobservando el  “Pacto de San José de Costa Rica” en donde los Estados se comprometieron a garantizar nuestro derecho a la vida, a la integridad personal y a contar con garantías judiciales.

De esta forma, la Corte IDH determinó los parámetros para prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género, que deben ser observados.  

He citado este precedente pues en el Ecuador la violencia contra las mujeres desborda a las autoridades, solo durante estos cuatro días de feriado cinco mujeres fueron cruelmente asesinadas. A la fecha contamos 91 femicidios, en donde el 72% de los asesinos son parejas o ex parejas. Nos matan con ira, odio y nos arrebatan nuestros hijos.

El sistema falla, la justicia es lenta, no existen operadores sensibilizados, las valoraciones psicológica y de entorno social pueden demorar meses o años; las boletas se entregan en formato y no toda denuncia es tomada con seriedad.  Los operadores de salud y de justicia nos revictimizan de forma constante y los jueces de familia siguen dando visitas a los agresores. 

La violencia está tan naturalizada que se aceptan insultos y campañas de difamación con micrófono abierto contra quienes levantamos la voz. 

En este contexto el Estado Ecuatoriano no se diferencia del México sentenciado por la Corte IDH. Las cifras nos dicen que la justicia no funciona y que poco o nada se hace en prevención. Si las autoridades de gobierno nacional, gobiernos locales, municipales no actúan, la mujeres seguiremos siendo asesinadas con la boleta de auxilio en la cartera. (O)