El pasado 11 de julio se realizó el paro nacional en Chile, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y con el respaldo de estudiantes, profesores, trabajadores públicos, organizaciones sociales, etc., lo cual demostró un proceso de creciente acumulación de fuerzas populares.

En Chile se ha reclamado por el fin de las AFP (administradoras de fondos de pensiones); por la educación pública gratuita y de calidad; reforma del sistema de salud; reforma tributaria que asegure la redistribución de la riqueza; y, desde luego, reforma laboral, para mejorar salarios y tener plena garantía a los derechos de los trabajadores, conculcados desde la época del terrorista dictador Pinochet (1973-1990), particularmente en cuanto a la negociación colectiva, la libre sindicalización y la huelga.

En las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, en América Latina se tenía como “exitoso” al modelo chileno, inspirado en la ideología del neoliberalismo. En igual época, los sucesivos gobiernos del Ecuador magnificaban los “logros” de Chile, pretendiendo llevar al país al paraíso del mercado libre, la empresa privada desregulada y la flexibilidad laboral. Los gremios empresariales eran aún más “creativos”, demandando: suprimir el reparto de utilidades, congelar salarios, aumentar la jornada, acabar con las liquidaciones por despido, reducir el pago por horas extras, privatizar la seguridad y los servicios de salud, restringir la sindicalización, el contrato colectivo y la huelga, etc. Regía en el país un modelo empresarial de desarrollo, que agudizó la concentración de la riqueza, descalabró los servicios públicos y agravó las condiciones de vida y de trabajo de la población nacional.

En América Latina, las leyes y derechos laborales son conquistas con larga historia, que incluye represiones y matanzas obreras...

La explosiva situación en Chile reproduce -mutatis mutandis- lo que Ecuador vivió bajo la vigencia del modelo empresarial, consolidado por una clase política que terminó por derrumbar las bases de la democracia ecuatoriana, como se evidenció entre 1996-2006, con ocho gobiernos.

En América Latina, las leyes y derechos laborales son conquistas con larga historia, que incluye represiones y matanzas obreras, por solo defender al capital. Por eso, el nuevo código del trabajo que Ecuador impulsa no puede menos que considerar esa trayectoria y sus logros, a fin de potenciar y avanzar en nuevos derechos, bajo la premisa de que las leyes laborales son, ante todo, a favor de los trabajadores y no flexibilizadoras en beneficio de los empresarios.