Escribir sobre la pena de muerte siempre me ha parecido escalofriante. No porque no encuentre argumentos para sostener y promover su erradicación dentro del “ejercicio y alcance de la justicia”, sino porque me sigue resultando abominable, tanto como comerse la carne de otro, que los seres humanos encontremos satisfacción y justicia matando a otro ser humano en la búsqueda de la reparación de un daño. Hace pocos días un tribunal egipcio recomendó la pena de muerte para 188 personas por el asesinato de al menos 14 miembros de las fuerzas de seguridad en el asalto a la comisaría de Kerdasa, localidad próxima a El Cairo, en agosto del año 2013. El Tribunal Penal de Guiza decidió trasladar el caso de esos acusados al muftí de la República y máxima autoridad religiosa del país, Shauqi Alam, para que emita una opinión no vinculante al respecto.
El Tribunal tiene previsto pronunciar su fallo definitivo el próximo 28 de enero. De los 188 acusados, 143 de los procesados permanecen detenidos y otros 45 están huidos. Todos ellos están acusados de irrumpir el 14 de agosto de 2013 en la comisaría de Kerdasa y asesinar a su jefe, a su “número 2” y a otros 12 oficiales y miembros de la policía que se encontraban en el lugar. Hechos tan repudiables como buscar justicia en asesinar a los asesinos.
Como víctima, sé muy bien lo que significa vivir con miedos y a la defensiva. Además la reparación principal de un daño se logra evitando su reincidencia.
Anhelo utópico en sistemas judiciales ineficientes que entienden como reparación y sanción sólo a la muerte. Comodidad judicial en su máxima expresión. Violencia institucionalizada.
Lo idóneo es un sistema que garantice el respeto al debido proceso, la reparación integral, que no revictimice con procedimientos ofensivos y que ofrezca mecanismos que aseguren el trato prioritario de las víctimas y la rehabilitación. Sin embargo, disfrazan de justicia a una medida contra el hacinamiento: mato para no condenar a cadena perpetua y así descongestiono las cárceles, lo que a su vez genera ahorro y hace menos notoria la ausencia de políticas penitenciarias y la vinculación del sistema judicial con conceptos religiosos.
Cientos de personas han sido condenadas a pena de muerte en los últimos meses en Egipto en macrojuicios que no respetan los principios de un caso justo, evidencian la falta de independencia de la justicia y con una severidad de penas que irrespeta derechos humanos fundamentales.
En ese país es fácil ser sentenciado a muerte: 59 leyes que abarcan 105 delitos habilitan a los jueces a privar de la vida a un ciudadano. Luego están las regulaciones militares que habilitan al presidente a transferir civiles a tribunales militares. En pocas palabras, las autoridades egipcias tienen las herramientas para violar el derecho a la vida, y pueden hacerlo fácilmente. Al-Azhar, la mayor institución religiosa de Egipto, se niega a discutir este tema. Dice que el castigo (la pena de muerte) es un derecho concedido por Dios y que abolir este derecho significa abolir la palabra de Dios.
Es un prisma obtuso de religiosos que ven en la pena de muerte un camino hacia la paz en la sociedad y un mecanismo disuasivo del delito.
