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Desde hace miles de años el ser humano hace peregrinaciones a lugares que considera santos, donde pide favores, da gracias, hace votos y genera grandes beneficios económicos a quienes viven en estos sitios, sean o no del clero.
Ciudades como Roma, La Meca o Jerusalén convocan masivas romerías que mueven millonarias sumas de dinero, que son receptadas por los propietarios de santuarios e iglesias. España es el mejor ejemplo de cómo las construcciones católicas atraen masas de turistas y de dinero. Santuarios famosos como el de la Virgen de Guadalupe, en México, han debido mecanizarse para que cada visitante pueda dejar su contribución en dinero que cae tan rápido y abundante como el premio de un tragamonedas en Las Vegas.
Una gran ventaja del turismo religioso es que es recurrente, un turismo fiel y -además- generacional, es decir, el peregrino al fallecer deja comprometida a la familia a seguir visitando el mismo santuario del cual todos querrán comprar un recuerdo, artesanal en unos casos, industrial en otros.
El negocio del turismo religioso crece y se tecnifica, por lo que existen grandes cadenas mundiales de touroperadores que igual ofertan el Vaticano en Roma, el Caminos de Santiago en España, el Muro de los Lamentos en Israel o el arca perdida en Turquía.
Este turismo religioso católico, evangélico o cristiano es tan rentable como lo es en otras religiones mucho más numerosas en seguidores, con creyentes más devotos y mejor dispuestos a realizar peregrinaciones y aportaciones más sustanciosas.
En Ecuador el turismo religioso crece cada año y la Iglesia se ha asociado con gobiernos seccionales para que refaccionen sus monasterios e iglesias a cambio de prestarlos o alquilarlos como salones de lujosos eventos o ser parte de recorridos turísticos organizados.
En esta época donde se ofrece mejorar la vida de los pobres aumentando el Bono de Desarrollo Humano a $ 50 y entre las fuentes de financiamiento el Gobierno observa las utilidades y exenciones tributarias de la banca ecuatoriana, sería conveniente mirar también las millonarias utilidades que generan santuarios y conventos, fortunas que se amasan en nombre de los pobres y a costa de ellos bien podrían canalizarse como una redistribución social a los sectores menos favorecidos, así como revisar las exenciones tributarias de las que goza la Iglesia, mismas que en España son rechazadas por el 80% de la población, que considera que en época de crisis todos deben aportar y rendir cuentas públicamente.