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A través de los medios de comunicación y redes sociales se viene escuchando el reclamo airado de los municipios y prefecturas (GAD) por el incumplimiento del gobierno central respecto a las transferencias que por ley les corresponde. Se menciona, incluso, protestas y marchas para “exigir” sus derechos constitucionales.
Nadie discute que legalmente les asiste la razón y que su rol en la gestión de la pandemia es crucial; sin embargo, la respuesta a este problema se reduce a que el gobierno no tiene los recursos para estas transferencias ni para otras obligaciones que más urgentes, como atender el sector salud.
Tal vez no se quiere entender que la crisis es de tal magnitud que “exigir” recursos se convierte en una suerte de demagogia que podría interpretarse como un acto interesado de desestabilización democrática. En este sentido, sería importante transparentar la gestión de los GAD con algunos indicadores para determinar su eficiencia; por ejemplo, su nivel de autosuficiencia operativa, (relación entre Ingresos propios, aquellos que recaudan por tasas, impuestos prediales, contribución especial de mejoras, patentes, etc.) respecto de sus ingresos totales (Incluyen las transferencias desde el gobierno central).
Varios estudios señalan que el 90% de los municipios tienen resultados del 5% al 25% en esta relación; es decir, enorme debilidad y nivel de dependencia de las transferencias del gobierno (95% al 75%). Apenas 20 municipios de los 221 están entre el 25% al 35% y solo dos municipios del 40%. En las prefecturas la dependencia es mucho mayor. Por otra parte, en promedio más del 50% de los gastos totales de los municipios son gastos corrientes.
Otros indicadores que transparentar es la relación entre ingresos propios vs gastos corrientes e Ingresos propios vs gastos de salarios, de esta manera es posible saber si su propia recaudación es suficiente para cubrir sus gastos corrientes o al menos las remuneraciones. En estos casos los GAD provinciales podrían cubrir no más del 25% de sus salarios y en cuanto a los municipios solamente 3 de ellos podrían cubrir este rubro, menos de 20 municipios medianos alrededor del 70% y los 200 municipios restantes estarían en capacidad de pagar solo entre el 25% al 40% de su nómina. Debemos como sociedad también exigir que los GAD observen un progreso institucional para asegurar que las transferencias que por ley les corresponde se utilizan fundamentalmente para inversiones en obras. El ajuste es para todos. (O)