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Soy Liliana Flores, fui torturada, violada, asesinada y casi incinerada el 25 de diciembre del 2018, cuando salía de una fiesta familiar a la que asistió también mi verdugo. Él fue capturado en delito flagrante y se encuentra bajo prisión preventiva; sin embargo, como hasta la fecha no se ha realizado la audiencia de llamamiento a juicio, está a punto de recuperar su libertad.
De esta dilatación culpo al sistema de justicia y a las argucias legales a las que ha recurrido el abogado de mi asesino. Dejé en la orfandad a un niño que ahora tiene 9 años de edad y que sigue esperándome, sin saber que nunca volveré. Mi hijo no ha recibido acompañamiento psicológico y tampoco recibirá el bono que el Estado otorga a los hijos de las víctimas de femicidio, porque, quien terminó con mi vida de forma tan cruel, no era mi esposo, no era mi conviviente; era mi primo que se obsesionó conmigo y que se vengó de mis negativas a sus enfermas y desquiciadas pretensiones e insinuaciones, violándome, matándome e intentando incinerar mis partes íntimas.
¿Es posible que la tortura, violación y asesinato que sufrí queden en la impunidad porque mi familia es de escasos recursos económicos?
¿Es posible que a los operadores de justicia no les interese sentenciar mi asesinato porque soy invisible para ellos por carecer de conexiones sociales y políticas?
¿Es posible que a la prensa no le interese mediatizar la lentitud con la que he sido tratada en las dependencias judiciales porque soy de origen humilde y muchas mujeres más de mi condición son violentadas por sus parejas o por locos desconocidos y a nadie le importa?
También reclamo al sistema de justicia por poner el horrendo crimen del que fui víctima en manos de fiscales que no han recibido formación y sensibilización en género.
Mi caso no puede ser tratado y sentenciado como un asesinato más.
Mi asesinato conmocionó a la sociedad por la saña con la que se cometió; no entiendo por qué ahora estoy en el olvido.
Quien me quitó la vida puede volver a las calles a buscar otras víctimas. Serán los operadores de justicia los responsables, si así sucede, por su lentitud e inoperancia que los convierte en cómplices silenciosos. (O)