Cuando se concretó su ingreso al Mercosur en 2012, Hugo Chávez proclamó que Venezuela había dejado de ser el traspatio de EE.UU. para convertirse en el ‘pecho de América Latina’, posición estratégica que ha asumido varias veces en la región y que hoy está siendo gravemente amenazada por la Ley de Amnistía aprobada el 29 de marzo de 2016 por la derecha venezolana en la Asamblea Nacional, porque lejos de ser de reconciliación nacional, constituye, como dice el presidente Nicolás Maduro, una ‘ley de guerra’.
Y es que la derecha sabe que es una ley inviable. Sus conspicuos dirigentes, ya amnistiados en 2007 por Chávez por su participación en el sangriento golpe de Estado de 2002, precedido de huelgas sindicales y empresariales y seguido de paros petroleros, han reincidido y roto todo principio de amnistía, intensificando su desesperada estrategia de desestabilización con convocatorias a sus bases a “descargar su arrechera en las calles”, utilizando francotiradores, ‘guarimbas’ -una especie de barricadas urbanas hechas con materiales cortopunzantes y protegidas por civiles armados-, uso premeditado de armas de fuego, sabotaje a las industrias petrolera, petroquímica, sistema eléctrico, ataques a infraestructura pública de salud y educación, incendios de unidades de transporte y oficinas, toma violenta y cierre de medios de comunicación, hostigamiento selectivo a dirigentes bolivarianos, entre otras, que entre 2002-2014 ha dejado como saldo 203 asesinados, además de miles de víctimas; ella, digo, sabe que esta ley es impermisible porque garantiza la total impunidad de los victimarios e interfiere en el derecho de las víctimas a la justicia y reparación por las violaciones a sus derechos humanos.
La ley ha sido caracterizada como de ‘autoperdón’ porque ha sido elaborada por diputados comprometidos o vinculados con los responsables de estas violaciones, además de que constituye una verdadera apología del delito al ordenar la amnistía de crímenes principalmente económicos: usura, especulación, acaparamiento, fraude, estafa inmobiliaria, narcotráfico, corrupción, sabotaje a las industrias públicas, uso de niños niñas y adolescentes para delinquir, mezclándolos con los relativos a graves violaciones a los derechos humanos y/o crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles.
Es decir, estamos ante un cuadro de total ilegalidad e ilegitimidad. Pero eso le importa un rábano a la derecha, porque el trasfondo de la ley -de acuerdo a varios análisis- se orientaría a crear un escenario extremo: azuzar el enfrentamiento de poderes, alimentar la ira y el odio de clase y provocar la exacerbación de la violencia, a fin de que Venezuela sea declarada ‘Estado fallido’ y a los ojos de Washington se justifique la intervención extranjera. De ‘pecho de América Latina’, el país de Bolívar y Chávez pasaría a ser el puente para la injerencia imperialista directa en la región. Es un escenario posible. Por ello, en Venezuela hoy se está jugando el futuro de la región. Por ello, todos y todas somos Venezuela. (O)