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La Constitución de Montecristi es la primera que reconoce derechos de la naturaleza en el mundo. Pero pasar de ese nivel constitucional a acciones estatales no ha sido tarea fácil, más aún cuando esa tarea no puede emprenderse y ser exitosa si no hay una participación activa de la ciudadanía a todo nivel; no solo de beneficiarios directos como es el caso del programa Socio Bosque, sino de los beneficiarios que no son parte del programa, es decir, de todos los ecuatorianos. Los programas de todo tipo no solo tienen un componente técnico, sino un componente político, necesario, que debe ser pertinente a la hora de la continuidad de estos programas, ya que el país lo requiere. A veces en el imaginario social se piensa, cuando se habla de preservación, de reforestación, en general, de bosques, que estos se encuentran fuera de la mirada directa de los habitantes de las grandes ciudades. No se logra comprender la dinámica de las relaciones ambientales, su interconexión en un territorio y cómo impacta a los habitantes a todo nivel. Ese tipo de programas generan impactos directos en el bienestar de la gente, en el caso de Socio Bosque con socios que superan los 190 mil; con un millón y medio de hectáreas. Esos socios cumplen una tarea que debería ser responsabilidad de todos los ciudadanos: cuidar los bosques, sobre todo evitando la deforestación. Por ejemplo, la tasa de deforestación anual promedio entre 2000-2008 fue de 77.647 hectáreas por año.
El promedio entre 2009-2014 bajó a 47.000 hectáreas por año. Esto, sin duda, es un gran avance para contener no solo la deforestación –que elimina árboles y destruye ecosistemas- sino incentivar la forestación, la reforestación y revegetación; adjudicar tierras, bosques y vegetación del patrimonio forestal del Estado para garantizar su conservación y uso sostenible, entre otros. Por eso decimos que los beneficiarios no solo son los socios, sino todos los ecuatorianos que tenemos responsabilidad de contribuir al mejoramiento de los ecosistemas. Recordemos que la preservación del ambiente es declarado de interés público en la Constitución. Este tipo de programas, por supuesto, son perfectibles, pero no se reducen a efectivas políticas públicas con eficiencia técnica, sino que son programas que se inscriben en comprender la política, como el campo de disputas sociales donde debe primar el bien común, la responsabilidad ciudadana, sobre todo la urbana de comprender la naturaleza más allá de sus disfrutes, de ser paseantes, de ser espacios de distracción de fin de semana junto a la familia. La ciudadanía en el mundo es responsable de enfrentar el calentamiento global y sus consecuencias devastadoras. El mundo demanda más conciencia social para preservar el ambiente: los bosques nativos, los páramos, la cobertura vegetal, etc., base de la protección de la biodiversidad, de las reservas de agua dulce que a su vez son base para la continuidad cultural de la humanidad. En tiempos de crisis internacional, donde las corporaciones mundiales privatizan las ganancias y socializan las pérdidas, nosotros no debemos perder la perspectiva histórica de que la lucha en defensa estratégica de la naturaleza para el bien común no debe pasar por decisiones inmediatistas de nadie. (O)