El pasado 17 de mayo de 2023, el presidente de la república, Guillermo Lasso, resolvió disolver la Asamblea Nacional aplicando la herramienta constitucional conocida como “muerte cruzada” consagrada en el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Sin lugar a duda, no debió haber sido una decisión fácil y seguramente respondió a un análisis profundo de la situación crítica del país y de las alternativas existentes en ese momento. A la fecha, han transcurrido varios meses y todo sigue igual. En ese sentido, muchos ecuatorianos se preguntan cuál es la razón por la que está fallado la estrategia del Ejecutivo. Este artículo busca delinear algunas respuestas que posiblemente permitan responder esta gran interrogante.
No hace falta citar nuevamente los números o índices de popularidad de la Asamblea Nacional disuelta pero no sería exagerado afirmar que su paso por la historia de nuestro país será muy poco recordado. El Ejecutivo cuestionó, en varias ocasiones, la falta de compromiso y la obstrucción a los planes del Gobierno por parte de los asambleístas, hasta que finalmente resolvió regresarlos a sus casas. La posición del Gobierno Nacional y su campaña mediática en contra del Legislativo conjugada con la percepción de los ciudadanos sobre el rol y trascendencia de los asambleístas abonó también a pensar que se estaba tomando la mejor opción. Una opción que debió haber resultado en un cambio radical o por lo menos en lograr poner en evidencia que la legislatura era el problema. Sin embargo, eso no se ha logrado y a la fecha no se siente la diferencia por lo que parecería ser que la decisión tomada fue más bien impulsada por un sentimiento de revanchismo político para alimentar el orgullo de algunos personajes.
Si hay algo claro en nuestro ordenamiento jurídico es que aplicar la “muerte cruzada” no significa carta en blanco para hacer lo que el presidente quiera. Quizás la falta de análisis a conciencia de ese detalle es ahora su principal dolor de cabeza. Su nuevo “enemigo político” ya no es la Asamblea Nacional sino la Corte Constitucional que ha venido negando los decretos ley que ha intentado aprobar el presidente; facultad permitida por la Constitución, de manera temporal, por falta de legislativo. Quizás el círculo cercano del presidente de la república puede pecar de ingenuo cuando no midió la complejidad y el nivel de argumentación y sustento jurídico que, por ejemplo, se requiere para aprobar una ley de quiebra. Con eso no crítico al espíritu de la ley y su importancia, pero sí a los presupuestos que tienen que concurrir para categorizarlo como urgente. Al final del día algo urgente es algo que no puede esperar y la contradicción en la calificación de urgencias parece que está pasando factura.
En un régimen democrático no tener poder Legislativo es algo sumamente grave y delicado. Parecería ser que el presidente se dejó convencer de que la muerte cruzada serviría para hacer un milagro en poco tiempo y capitalizar popularidad para una futura elección; a este paso parece que el efecto es el contrario. El ejecutivo ahora debate por redes sociales con la Corte Constitucional; una auténtica guerra de “comunnity managers” de lado y lado, pero el país cada vez más a la deriva. Con aciertos y desaciertos, la Corte Constitucional blinda su trabajo en el control de constitucionalidad que es su atribución y su rol protagónico en la política nacional parece que está logrando consolidar la desesperación del ejecutivo. Si la estrategia y aproximación son las equivocadas hay que cambiarlas porque la Corte Constitucional, en sus decisiones, no ve ni estudia la relevancia económica ni su impacto sino meramente su apego a las normas constitucionales.
Esta nueva pugna de poder no ayuda al país. Lastimosamente, al cierre de este artículo, la Corte Constitucional sigue alimentado su rol protagónico al objetar el acuerdo comercial con Costa Rica y emitir un auto de calificación con suspensión temporal de efectos a propósito de una acción de inconstitucionalidad presentada en contra de un decreto ejecutivo que viabilizada la instrumentación de la consulta ambiental en todo tipo de proyectos de inversión. Lástima por el país porque recuperar la confianza, institucionalidad y seguridad en las condiciones actuales será muy complejo.
Finalmente, ojalá en algún momento los políticos hagan mea culpa y acepten que se equivocaron en sus decisiones, en escoger a sus asesores y en buscar mejores días para el Ecuador. No todos nacieron para políticos ni para jueces y por eso es mejor ocupar el rol que corresponde para dejar de ser ejecutivos de Carondelet o activistas de Corte.
