Están claros los diagnósticos, identificación de problemas, contenidos de planes, marco jurídico, definiciones políticas teóricas sobre las viejas estructuras agrarias, que se han reflejado históricamente en una pésima distribución de la tierra, cuya propiedad está altamente concentrada y mal trabajada a todo nivel.
En efecto, el 0,02%, la veinteava parte del 1% del total de predios, corresponde a los latifundios de más de 1.000 ha, que acaparan el 11,8% de la superficie total (1´700 ha aproximadamente); es decir, un 300% más tierra de la que tienen los predios de menos de una hectárea, que representan el 59% del total.
Esto ha determinado toda clase de problemas: millones de campesinos sin tierras, formas atrasadas de relaciones sociales, alto porcentaje de tierra ociosa, baja producción y productividad, desatención del Estado, pobreza rural, fuertes corrientes migratorias campo ciudad, que inciden en el desarrollo urbano anárquico y la marginalidad urbana con sus secuelas: desempleo, subempleo, trabajo informal de sobrevivencia, falta de servicios básicos para las mayorías, represión, clientelismo político, populismo, etc.
Desde esa situación de pobreza rural, se frena el desarrollo industrial, por la baja capacidad de compra de las masas y falta de provisión de materias primas, que junto a otros factores se convierten en ‘cuello de botella’ para el desarrollo del país y para el cambio de la matriz productiva.
Los esfuerzos del Gobierno en cuanto a infraestructura vial, energética, salud, educación, tecnología, integración, etc., atenúan este cuadro, pero no es suficiente. La transformación del agro es fundamental, y por ello, aunque con años de retraso, la Asamblea debate el proyecto de Ley Orgánica de Tierras, que tiene una clara justificación y propósitos; no así el tema central, la liquidación del latifundio, como exige la Constitución, para que los campesinos accedan a la propiedad de la tierra, se estimule su organización y tengan asistencia estatal integral para alcanzar los objetivos de elevar la producción y la productividad; pasando por la organización, de un aparato institucional, planificación, supervisión y control, que deberá observar principios de descentralización, desconcentración y eficiencia, tomando en cuenta que su acción y funcionamiento debe responder a las características diversas de regiones, productos y tipo de tierras, función social y ambiental.
Todo en un marco de respeto a los pueblos ancestrales y sus derechos, la necesidad de protegerlos y asistirlos por el Estado que está definido como plurinacional, intercultural y democrático.
Es indispensable fijar límites a la propiedad de la tierra, si se quiere liquidar el poder terrateniente, gamonal, de corte feudal; lo contrario implicaría consolidar el acaparamiento y concentración y fomentar las bases capitalistas, que los sustentan, lo que contradice el propósito socialista de la RC y la Constitución (art. 282), que prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento y privatización del agua y sus fuentes.
Discutir con serenidad, sin demagogia, tener decisiones políticas claras, es lo necesario, evita conflictos y enmudecen rabiosos opositores.
La Revolución Agraria es una promesa y deuda de Alianza PAIS, para liquidar las viejas estructuras, obstáculo para el desarrollo y la justicia social.
